El Gobierno Zapatero tiene la sorprendente habilidad de coger el no va más tecnológico y convertirlo en un instrumento medieval. El canon digital, la penalización del P2P o los intentos de amordazar la libertad de expresión mediante la Ley Audiovisual, son atajos para volver desde Matrix al feudalismo, sin despeinarse.
Nada más casposo y troglodita que ese derecho de pernada que es el canon, con el que trata a todo ciudadano como chorizo mientras no se demuestre lo contrario, y devuelve favores políticos a la SGAE,el cortijo de Teddy
Así lo ha puesto en evidencia, hoy mismo, el PP en el Senado mediante una moción en la que instaba al PSOE a que eximiera del pago de derechos de autor a fiestas populares de interés turístico (desde los Moros y Cristianos levantinos hasta los Carnavales de Cádiz). También le presiona para que, directamente, suprima el canon digital.
Como dice Chiquillo, portavoz de Nuevas Tecnologías del PP: "Se ha confirmado que este sobrecoste indiscriminado -no representa la mejor manera de defender la remuneración de los autores por su trabajo y que al contrario ha supuesto un lastre para el desarrollo tecnológico de nuestro país y un perjuicio económico para el ciudadano".
La moción del PP ha sido rechazada, pero sus argumentos resultan impecables y, sobre todo, lógicos.
Como ocurre en la industria del cine, asistimos a un pulso entre dos modelos: el intervencionista y el liberal. En el primer caso, el Estado termina dirigiendo la cultura, favoreciendo a sus amigos, retroalimentando a mafias, arrasando derechos constitucionales y penalizando al consumidor. Y ni siquiera defiende a los autores o estimula la creación.
Es el modelo jacobino, con la ley de los tres avisos sarkoziana, que permitirá a la industria y los proveedores cortar el acceso a la Red a aquellos ciudadanos que hayan osado bajarse música o películas. Un proyecto que, referido al P2P, acaba de ser retirado en Nueva Zelanda por inconstitucional y por ir contra la lógica del mercado.
En el Reino Unido, Google se ha hartado y ha respondido al chantaje de la SGAE inglesa, cortando los vídeos en Youtube. Así de drástico. La sociedad de gestión de derechos pretendía sacar tajada económica a Google por permitir que los particulares colgaran videos musicales en la red.
Nadie dice que no se protejan los derechos de los autores. Lo que denunciamos es el contubernio Gobierno Zapatero-SGAE, con su cruce de intereses, y que, al final, siempre sean los mismos los que paguen el pato: los usuarios.
Lo que denunciamos es el modelo inquisitorial que trata de convertir la red en un arma contra derechos fundamentales y en la máquina exprimidora del sheriff de Nottingham.
Alfonso Basallo
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