OPERACIÓN EN ESPAÑA Y BULGARIA
Desarticulan la mayor red de falsificación de euros en la Unión Europea
Una operación conjunta de la Policía española y bulgara ha permitido la desarticulación de la mayor falsificación de billetes de euro de toda la Unión Europea. En el operativo han sido detenidas 17 personas.
2009-07-02
EUROPA PRESS
Una amplia investigación desarrollada durante varios años por agentes de la Policía Nacional y de la policía de Bulgaria ha permitido desarticular la mayor red de falsificación de euros en la Unión Europea en la que han sido detenidas 17 personas y se han llevado a cabo 24 registros en los que se han desmantelado tres talleres de falsificación en la localidad búlgara de Plovdiv.
La investigación se inició en el año 2007 y ha permitido intervenir medio millón de euros falsos en billetes de 100, 200 y 500 euros, según informó este jueves la Policía. En el marco del operativo y dada la intensa colaboración entre los cuerpos policiales de ambos países, se creó un Equipo Conjunto Internacional de Investigación, coordinado por Europol y Eurojust.
El primer ministro de Bulgaria y el ministro de Interior de este país ofrecerán este jueves en Sofía una rueda de prensa conjunta con responsables de la Policía Nacional y el director de Europol. La operación 'Serena' se inició en España al localizar varios billetes falsos.
Desde entonces, el equipo conjunto de investigadores de las policías española y búlgara actuaron de forma coordinada y mantuvieron diversas reuniones de trabajo en ambos países para poner fin a las actividades de la trama. En el marco de este operativo, se abrieron varias líneas de investigación de acuerdo con las informaciones recibidas desde Bulgaria que permitieron localizar a más de una docena de personas involucradas en la trama criminal.
Según informó la Policía, fue durante el mes de junio cuando se precipitó la investigación al decidir la fiscalía de Plovdiv el pasado día 24 que había pruebas suficientes para proceder a la desarticulación del grupo. Entonces, tres miembros de la Brigada de Investigación del Banco de España se desplazaron urgentemente a Sofía y a la ciudad de Plovdiv.
La red ahora desarticulada era una de las más activas dedicada a la falsificación de los billetes euro y durante varios años fue objeto de investigaciones por parte de varios países europeos, según los investigadores.
Los billetes que elaboraban eran ampliamente conocidos por las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) europeas dedicadas a la lucha contra la falsificación de euros. Se trata de una falsificación importante, tanto por la alta calidad de los billetes como por su amplia distribución geográfica.
La operación ha sido realizada por la Brigada de Investigación del Banco de España de la Comisaría General de Policía Judicial, junto con miembros de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de la policía de Bulgaria, y ha contado con la coordinación de Europol y Eurojust.
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jueves, 2 de julio de 2009
domingo, 28 de junio de 2009
LOS CONDUCTORES QUE NO HAN PERDIDO NINGÚN PUNTO RECIBIRÁN DOS EXTRA
Lo contempla la ley
Los conductores que no han perdido ningún punto recibirán dos extra
Cerca de 21 millones de conductores que no han perdido ningún punto desde que empezó a funcionar el nuevo carné de conducir recibirán como premio dos puntos extra, tal y como contempla la ley.
Ep. Madrid
28-06-2009
Alrededor de 21 millones de conductores no han perdido ningún punto desde que empezó a funcionar el nuevo carné de conducir el 1 de julio de 2006. A partir del próximo miércoles, todos esos conductores recibirán como premio dos puntos extra, tal y como se contemplaba en la ley que regula el carné por puntos.
Así, la ley establece que cada tres años los conductores que no hayan cometido ninguna infracción que conlleve retirada de puntos serán recompensados con 2 puntos de más en su carné, siendo julio de 2009 la primera vez que Tráfico "reparta" puntos por este sistema.
El número máximo de puntos que un conductor puede obtener es 15, por lo que un conductor que consiga 14 puntos ahora, y permanezca sin perder ningún punto hasta julio de 2012, será recompensando con un sólo punto en lugar de tres, al haber conseguido alcanzar el tope máximo de puntos.
Mientras, los conductores que hayan perdido algún punto en estos tres años, y no puedan acogerse a esta bonificación, podrán seguir recuperando puntos mediante cursillos de reeducación vial. Este tipo de cursos son voluntarios, se puede asistir a ellos cada dos años, constan de 12 horas lectivas y permiten recuperar cuatro puntos.
Según informaron fuentes de la DGT a Europa Press, a fecha 1 de junio, desde que se puso en marcha el sistema del carné por puntos más de 2 millones de conductores han perdido algún punto, siendo los principales motivos por los que los conductores pierden puntos la velocidad (929.763 multados), el no uso del cinturón (338.016), el alcohol (212.840), el teléfono móvil (199.257) o el casco (66.335).
Como consecuencia de esto, desde la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) se ha avisado de que el número de conductores que asisten a cursos para recuperar alguno de los puntos del carné de conducir se ha multiplicado por tres en un año.
Así, mientras que en mayo de 2008 se presentaron 1.263 alumnos, en mayo de 2009 asistieron a este tipo de cursos de reciclaje 4.332 personas, según datos de la (CNAE). El incremento más espectacular se ha producido en la asistencia a cursos de educación vial por orden judicial, en donde el número de alumnos se ha multiplicado de un año para el otro por 23, pasando de los 58 alumnos de mayo de 2008, a 1.352 en mayo de 2009.
Los cursos de educación vial son obligatorios para los conductores que han perdido todos los puntos de su carné de conducir (46.905) o para aquellos casos en que un juez ha determinado la obligatoriedad de asistir al curso. En ambas situaciones, no es posible recuperar el carné de conducir sin asistir a un curso.
Los conductores que no han perdido ningún punto recibirán dos extra
Cerca de 21 millones de conductores que no han perdido ningún punto desde que empezó a funcionar el nuevo carné de conducir recibirán como premio dos puntos extra, tal y como contempla la ley.
Ep. Madrid
28-06-2009
Alrededor de 21 millones de conductores no han perdido ningún punto desde que empezó a funcionar el nuevo carné de conducir el 1 de julio de 2006. A partir del próximo miércoles, todos esos conductores recibirán como premio dos puntos extra, tal y como se contemplaba en la ley que regula el carné por puntos.
Así, la ley establece que cada tres años los conductores que no hayan cometido ninguna infracción que conlleve retirada de puntos serán recompensados con 2 puntos de más en su carné, siendo julio de 2009 la primera vez que Tráfico "reparta" puntos por este sistema.
El número máximo de puntos que un conductor puede obtener es 15, por lo que un conductor que consiga 14 puntos ahora, y permanezca sin perder ningún punto hasta julio de 2012, será recompensando con un sólo punto en lugar de tres, al haber conseguido alcanzar el tope máximo de puntos.
Mientras, los conductores que hayan perdido algún punto en estos tres años, y no puedan acogerse a esta bonificación, podrán seguir recuperando puntos mediante cursillos de reeducación vial. Este tipo de cursos son voluntarios, se puede asistir a ellos cada dos años, constan de 12 horas lectivas y permiten recuperar cuatro puntos.
Según informaron fuentes de la DGT a Europa Press, a fecha 1 de junio, desde que se puso en marcha el sistema del carné por puntos más de 2 millones de conductores han perdido algún punto, siendo los principales motivos por los que los conductores pierden puntos la velocidad (929.763 multados), el no uso del cinturón (338.016), el alcohol (212.840), el teléfono móvil (199.257) o el casco (66.335).
Como consecuencia de esto, desde la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) se ha avisado de que el número de conductores que asisten a cursos para recuperar alguno de los puntos del carné de conducir se ha multiplicado por tres en un año.
Así, mientras que en mayo de 2008 se presentaron 1.263 alumnos, en mayo de 2009 asistieron a este tipo de cursos de reciclaje 4.332 personas, según datos de la (CNAE). El incremento más espectacular se ha producido en la asistencia a cursos de educación vial por orden judicial, en donde el número de alumnos se ha multiplicado de un año para el otro por 23, pasando de los 58 alumnos de mayo de 2008, a 1.352 en mayo de 2009.
Los cursos de educación vial son obligatorios para los conductores que han perdido todos los puntos de su carné de conducir (46.905) o para aquellos casos en que un juez ha determinado la obligatoriedad de asistir al curso. En ambas situaciones, no es posible recuperar el carné de conducir sin asistir a un curso.
EL SUPREMO CONFIRMA LA MULTA A LA PROPIETARIA DE MINA CONCHITA POR ABANDONO DE EXPLOSIVOS
TENDRÁ QUE PAGAR 150.000 EUROS
El Supremo confirma la multa a la propietaria de Mina Conchita por abandono de explosivos
El TS ha confirmado la multa de 150.000 euros impuesta a la empresa propietaria de Mina Conchita - de donde procedían, según la versión oficial, los explosivos que estallaron en los trenes el 11-M y la que emplearon los supuestos suicidas de Leganés - por el "abandono" en que éstos se encontraban.
*
El CGPJ autoriza al juez Velasco a ir a Marruecos para interrogar a un huido del 11-M
*
Archivada la querella de Sánchez Manzano contra la plataforma Peones Negros
*
Mohamed Haddad pide asilo a España por el acoso de los servicios secretos marroquíes
2009-06-28
Libertad Digital
Así lo ha acordado la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo en una sentencia, en la que rechaza el recurso que la citada empresa interpuso contra la referida sanción.
El Ministerio del Interior en 2005 acordó imponer a "Caolines de Merilles S.L.", empresa propietaria de Mina Conchita, la citada multa por la comisión de una infracción muy grave tipificada en los artículos 23 y 24 de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y en el 294 y 295 del Reglamento de Explosivos y al año siguiente la Audiencia Nacional confirmó esta decisión.
El 18 de junio de 2004, con motivo de la inspección llevada a cabo por la Intervención de Armas y Explosivos de Salas (Asturias) junto con la Policía Judicial, "pudo constatarse el estado de absoluto descontrol, abandono y pérdida de hecho de parte de los explosivos que habitualmente habían venido siendo utilizados por la misma para el desarrollo normal de su actividad".
Según explica la sentencia, recogida por EFE, se encontraron en estado de abandono numerosos cartuchos de explosivos y su estado de conservación era deficiente.
La empresa en su recurso ante el Supremo aporta otras sentencias para que este órgano unifique su doctrina, pero el Alto Tribunal únicamente señala que "en este caso no puede apreciarse contradicción entre la sentencia recurrida y las ofrecidas de contraste", por lo que confirma la resolución de la Audiencia Nacional.
El Supremo confirma la multa a la propietaria de Mina Conchita por abandono de explosivos
El TS ha confirmado la multa de 150.000 euros impuesta a la empresa propietaria de Mina Conchita - de donde procedían, según la versión oficial, los explosivos que estallaron en los trenes el 11-M y la que emplearon los supuestos suicidas de Leganés - por el "abandono" en que éstos se encontraban.
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El CGPJ autoriza al juez Velasco a ir a Marruecos para interrogar a un huido del 11-M
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Archivada la querella de Sánchez Manzano contra la plataforma Peones Negros
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Mohamed Haddad pide asilo a España por el acoso de los servicios secretos marroquíes
2009-06-28
Libertad Digital
Así lo ha acordado la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo en una sentencia, en la que rechaza el recurso que la citada empresa interpuso contra la referida sanción.
El Ministerio del Interior en 2005 acordó imponer a "Caolines de Merilles S.L.", empresa propietaria de Mina Conchita, la citada multa por la comisión de una infracción muy grave tipificada en los artículos 23 y 24 de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y en el 294 y 295 del Reglamento de Explosivos y al año siguiente la Audiencia Nacional confirmó esta decisión.
El 18 de junio de 2004, con motivo de la inspección llevada a cabo por la Intervención de Armas y Explosivos de Salas (Asturias) junto con la Policía Judicial, "pudo constatarse el estado de absoluto descontrol, abandono y pérdida de hecho de parte de los explosivos que habitualmente habían venido siendo utilizados por la misma para el desarrollo normal de su actividad".
Según explica la sentencia, recogida por EFE, se encontraron en estado de abandono numerosos cartuchos de explosivos y su estado de conservación era deficiente.
La empresa en su recurso ante el Supremo aporta otras sentencias para que este órgano unifique su doctrina, pero el Alto Tribunal únicamente señala que "en este caso no puede apreciarse contradicción entre la sentencia recurrida y las ofrecidas de contraste", por lo que confirma la resolución de la Audiencia Nacional.
miércoles, 24 de junio de 2009
APRESADO UN PESQUERO ESPAÑOL EN MARRUECOS
POR FAENAR EN AGUAS SIN PERMISO
Apresado un pesquero español en Marruecos
Un pesquero grancanario ha sido apresado en aguas de Marruecos con una tripulación de siete personas, cinco de las cuales son canarias y las otras dos marroquíes, según indicaron fuentes del Gobierno canario, quienes precisaron que se encuentran todas en buen estado y que están siendo atendidas.
2009-06-24
L D (Europa Press) El barco se encuentra fondeado en la ciudad de Dajla, la antigua colonia española de Villa Cisneros, en el Sáhara Occidental, a unos 554 kilómetros de distancia de Al-Aaiun. El armador del barco, la empresa 'Granca Lonja', ya se ha puesto en contacto con las familias de los tripulantes del pesquero a quienes les ha comunicado que todos están en buenas condiciones. La empresa consignataria está en contacto con ellos y confirma que están atendidos.
Este jueves, el armador se pondrá en contacto con el Gobierno español para solventar la detención, aunque el propio Gobierno canario y el central ya se han puesto en contacto con Marruecos para facilitar su resolución.
La guardia costera marroquí ha justificado la detención del barco por acercarse a faenar a menos de tres millas de su costa, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno de Canarias.
El barco, de más de 16 metros de eslora, no fue apresado en el momento en que superaba su permiso establecido para pescar hasta tres millas de la costa marroquí, sino que la guardia costera de Marruecos asegura que el incumplimiento había tenido lugar días atrás, algo que fue detectado por sus radares.
La embarcación tiene sede en Arguinegúin (Gran Canaria) y pertenece a la empresa 'Granca Lonja', cuyo permiso de pesca se limitaba a pescar con artes menores a una distancia mínima de tres millas de la costa marroquí.
La embajada de Marruecos ya está en contacto con el Gobierno español para solventar este incidente y, en un primer momento, lo previsible es que todo se salde con una multa por ejercer su actividad en una zona pesquera que no le correspondía.
El nombre del pesquero es 'Nuevo Francisco Javier' y aún se desconoce información sobre el estado actual de los tripulantes que viajaban a bordo del barco, que fueron apresados en una zona marítima de conflicto entre Marruecos y Mauritania.
Apresado un pesquero español en Marruecos
Un pesquero grancanario ha sido apresado en aguas de Marruecos con una tripulación de siete personas, cinco de las cuales son canarias y las otras dos marroquíes, según indicaron fuentes del Gobierno canario, quienes precisaron que se encuentran todas en buen estado y que están siendo atendidas.
2009-06-24
L D (Europa Press) El barco se encuentra fondeado en la ciudad de Dajla, la antigua colonia española de Villa Cisneros, en el Sáhara Occidental, a unos 554 kilómetros de distancia de Al-Aaiun. El armador del barco, la empresa 'Granca Lonja', ya se ha puesto en contacto con las familias de los tripulantes del pesquero a quienes les ha comunicado que todos están en buenas condiciones. La empresa consignataria está en contacto con ellos y confirma que están atendidos.
Este jueves, el armador se pondrá en contacto con el Gobierno español para solventar la detención, aunque el propio Gobierno canario y el central ya se han puesto en contacto con Marruecos para facilitar su resolución.
La guardia costera marroquí ha justificado la detención del barco por acercarse a faenar a menos de tres millas de su costa, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno de Canarias.
El barco, de más de 16 metros de eslora, no fue apresado en el momento en que superaba su permiso establecido para pescar hasta tres millas de la costa marroquí, sino que la guardia costera de Marruecos asegura que el incumplimiento había tenido lugar días atrás, algo que fue detectado por sus radares.
La embarcación tiene sede en Arguinegúin (Gran Canaria) y pertenece a la empresa 'Granca Lonja', cuyo permiso de pesca se limitaba a pescar con artes menores a una distancia mínima de tres millas de la costa marroquí.
La embajada de Marruecos ya está en contacto con el Gobierno español para solventar este incidente y, en un primer momento, lo previsible es que todo se salde con una multa por ejercer su actividad en una zona pesquera que no le correspondía.
El nombre del pesquero es 'Nuevo Francisco Javier' y aún se desconoce información sobre el estado actual de los tripulantes que viajaban a bordo del barco, que fueron apresados en una zona marítima de conflicto entre Marruecos y Mauritania.
martes, 23 de junio de 2009
LOS FISCALES SI QUIEREN QUE LOS PADRES "INTERFIERAN" EN EL ABORTO DE LAS MENORES
SU INFORME NO ES VINCULANTE
Los fiscales sí quieren que los padres "interfieran" en el aborto de las menores
Consenso de los fiscales sobre una cuestión clave en la reforma del aborto: mientras Zapatero se opuso a la "interferencia" de los padres, el informe aprobado por el Consejo Fiscal defiende que sepan si una hija menor quiere abortar para que así puedan ejercer su derecho a la patria potestad.
*
De la Vega llama "retrógrados" a quienes se oponen a ampliar el aborto
*
Los obispos recuerdan que "un católico no puede votar la ley del aborto"
*
El Congreso rechaza posponer la reforma de la Ley del aborto
2009-06-23
L D (Europa Press) Así lo explicó en declaraciones el presidente de la Asociación de Fiscales, Guillermo García-Panasco, cuyo colectivo es responsable de la elección de los seis vocales que votaron este martes a favor del informe que será remitido al Gobierno, junto a los votos particulares del resto de miembros del Consejo Fiscal. El informe no es vinculante, por lo que el Gobierno no está obligado a tenerlo en cuenta.
Según afirmó, en este punto los miembros del Consejo han obtenido un "consenso básico", porque salvo en cuestiones formales, progresistas y conservadores han coincidido en que los padres de una menor en esta situación "no se pueden quedar al margen", independientemente del hecho de que ella, con esa edad, pueda decidir libremente abortar, como en el resto de supuestos que contempla la Ley de Autonomía del Paciente.
"Este es un acuerdo sustancial, aunque la formula técnica ha variado", entre quienes proponían imponer la información a los padres y quienes optaban por una fórmula más parecida a una recomendación, apuntó García-Panasco, para señalar que, no obstante, "todos" los vocales se encuentran en "una línea evidente: no parece lógico que los padres de la menor queden al margen de ese periodo de toma de decisiones".
Este consenso no se obtuvo sin embargo en otra de las grandes cuestiones que plantea el proyecto de ley: el aborto libre durante las primeras 14 semanas de gestación. El informe respaldado por seis de los once vocales que actualmente conforman el Consejo cuestiona la constitucionalidad de este precepto y su compatibilidad con la jurisprudencia dictada por el Alto Tribunal.
Según explicó García-Panasco, "esta es la diferencia fundamental" entre las posiciones de conservadores y progresistas, pues los primeros, que ganaron la votación, defienden que "podría ser inconstitucional permitir este sistema de plazos sin que concurra ninguna otra causa" que motive la interrupción del embarazo.
En este sentido, apuntó que siguiendo la doctrina del Constitucional, este precepto no sería viable porque "con una ley de plazos no se produce ninguna colisión de derechos" entre la madre y el hijo, ya que "la mera decisión de una persona implica directamente que se puede hacer la interrupción del embarazo y por tanto, ese valor queda automáticamente desprotegido".
"Si esta ley se aprueba conforme se ha redactado y luego llega al Tribunal Constitucional, y establece doctrina en otro sentido, por nosotros perfecto (...), las concepciones jurídicas también cambian. Pero mientras esté vigente la actual doctrina del Constitucional, no parece compatible", señaló el representante de la Asociación de Fiscales.
No habrá dos informes
Por otra parte, García-Panasco denunció que la Fiscalía General del Estado ha "llevado a error deliberadamente" en torno a lo sucedido durante el Consejo Fiscal, ya que ha difundido una información que asegura que serán dos y no uno los informes que se eleven este miércoles al Ministerio de Justicia, algo que según el representante de la AF, iría "en contra de los propios estatutos del Ministerio Fiscal".
"El Consejo Fiscal es un órgano colegial y por tanto las decisiones se toman por mayoría", señaló García-Panasco, para incidir en que en este caso, la mayoría ha sido de seis votos a favor y cinco en contra.
Por ello, incidió en que se enviará un informe al Gobierno firmado por el Consejo Fiscal, que llevará aparte los votos particulares de quienes se pronunciaron en contra del dictamen, en este caso, el Fiscal General del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y los vocales elegidos por la Unión Progresista de Fiscales.
Según explicó, hasta el fallecimiento repentino y reciente del Fiscal Instructor, el Consejo Fiscal estaba compuesto por 12 vocales y, en caso de empate, el Fiscal General inclinaba la balanza con su voto de calidad. Al no haberse cubierto aún la vacante, el reparto de mayorías es distinto.
Los fiscales sí quieren que los padres "interfieran" en el aborto de las menores
Consenso de los fiscales sobre una cuestión clave en la reforma del aborto: mientras Zapatero se opuso a la "interferencia" de los padres, el informe aprobado por el Consejo Fiscal defiende que sepan si una hija menor quiere abortar para que así puedan ejercer su derecho a la patria potestad.
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De la Vega llama "retrógrados" a quienes se oponen a ampliar el aborto
*
Los obispos recuerdan que "un católico no puede votar la ley del aborto"
*
El Congreso rechaza posponer la reforma de la Ley del aborto
2009-06-23
L D (Europa Press) Así lo explicó en declaraciones el presidente de la Asociación de Fiscales, Guillermo García-Panasco, cuyo colectivo es responsable de la elección de los seis vocales que votaron este martes a favor del informe que será remitido al Gobierno, junto a los votos particulares del resto de miembros del Consejo Fiscal. El informe no es vinculante, por lo que el Gobierno no está obligado a tenerlo en cuenta.
Según afirmó, en este punto los miembros del Consejo han obtenido un "consenso básico", porque salvo en cuestiones formales, progresistas y conservadores han coincidido en que los padres de una menor en esta situación "no se pueden quedar al margen", independientemente del hecho de que ella, con esa edad, pueda decidir libremente abortar, como en el resto de supuestos que contempla la Ley de Autonomía del Paciente.
"Este es un acuerdo sustancial, aunque la formula técnica ha variado", entre quienes proponían imponer la información a los padres y quienes optaban por una fórmula más parecida a una recomendación, apuntó García-Panasco, para señalar que, no obstante, "todos" los vocales se encuentran en "una línea evidente: no parece lógico que los padres de la menor queden al margen de ese periodo de toma de decisiones".
Este consenso no se obtuvo sin embargo en otra de las grandes cuestiones que plantea el proyecto de ley: el aborto libre durante las primeras 14 semanas de gestación. El informe respaldado por seis de los once vocales que actualmente conforman el Consejo cuestiona la constitucionalidad de este precepto y su compatibilidad con la jurisprudencia dictada por el Alto Tribunal.
Según explicó García-Panasco, "esta es la diferencia fundamental" entre las posiciones de conservadores y progresistas, pues los primeros, que ganaron la votación, defienden que "podría ser inconstitucional permitir este sistema de plazos sin que concurra ninguna otra causa" que motive la interrupción del embarazo.
En este sentido, apuntó que siguiendo la doctrina del Constitucional, este precepto no sería viable porque "con una ley de plazos no se produce ninguna colisión de derechos" entre la madre y el hijo, ya que "la mera decisión de una persona implica directamente que se puede hacer la interrupción del embarazo y por tanto, ese valor queda automáticamente desprotegido".
"Si esta ley se aprueba conforme se ha redactado y luego llega al Tribunal Constitucional, y establece doctrina en otro sentido, por nosotros perfecto (...), las concepciones jurídicas también cambian. Pero mientras esté vigente la actual doctrina del Constitucional, no parece compatible", señaló el representante de la Asociación de Fiscales.
No habrá dos informes
Por otra parte, García-Panasco denunció que la Fiscalía General del Estado ha "llevado a error deliberadamente" en torno a lo sucedido durante el Consejo Fiscal, ya que ha difundido una información que asegura que serán dos y no uno los informes que se eleven este miércoles al Ministerio de Justicia, algo que según el representante de la AF, iría "en contra de los propios estatutos del Ministerio Fiscal".
"El Consejo Fiscal es un órgano colegial y por tanto las decisiones se toman por mayoría", señaló García-Panasco, para incidir en que en este caso, la mayoría ha sido de seis votos a favor y cinco en contra.
Por ello, incidió en que se enviará un informe al Gobierno firmado por el Consejo Fiscal, que llevará aparte los votos particulares de quienes se pronunciaron en contra del dictamen, en este caso, el Fiscal General del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y los vocales elegidos por la Unión Progresista de Fiscales.
Según explicó, hasta el fallecimiento repentino y reciente del Fiscal Instructor, el Consejo Fiscal estaba compuesto por 12 vocales y, en caso de empate, el Fiscal General inclinaba la balanza con su voto de calidad. Al no haberse cubierto aún la vacante, el reparto de mayorías es distinto.
jueves, 18 de junio de 2009
LA NUEVA LEY DE TRÁFICO PRETENDE RECAUDAR MÁS
Las asociaciones de conductores, muy críticas
La nueva Ley de Tráfico pretende recaudar más
Actualizado el 18/6/2009 - 21:30h
Diversas asociaciones de automovilistas denunciaron hoy que la "prioridad" de la reforma de la Ley de Tráfico aprobada por el Congreso de los Diputados con la abstención del PP es "recaudar más" y "evitar que los conductores recurran las multas", ya que "los tiempos" y el proceso a través del cual el conductor puede recurrir una multa se "han acortado mucho".
Así, el director de Seguridad Vial del RACE, Tomás Santa Cecilia, explicó que la "prioridad" de la norma es "recaudar el máximo número de multas posible" y se quejó de que la ley se haya aprobado "muy rápido" sin el "debate social" que hubo con otras leyes como el carné por puntos.
En este sentido, Santa Cecilia afirmó que hubiera preferido que la norma se aprobara por unanimidad, y "dudó mucho de la eficacia de una ley" que se ha aprobado sin el apoyo del principal grupo de la oposición. "Se ha aprobado en detrimento de los derechos de los conductores y a favor de la Administración", insistió San Cecilia, quien subrayó que la norma "condiciona al conductor a pagar pronto y evita que se recurra la multa".
Por su parte, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, indicó que la filosofía de la norma es "que todo el mundo pague aunque sea inocente", ya que, a su juicio, con la nueva norma -que premia con descuentos de hasta el 50 por ciento el pronto pago y reduce el número de notificaciones de sanción- "cuesta más barato aceptar una culpa que no es tuya, que defender el derecho a recurrir".
Asimismo, Arnaldo se quejó de que la norma eleva la cuantía de algunas multas y "disminuye el derecho de los ciudadanos" a defender su inocencia. "Se necesita reforma la Ley de Tráfico, pero esta no es la reforma que se necesita", concluyó.
CASAS EVITA PRECISAR CUÁNDO VERÁ LA LUZ LA SENTENCIA DEL ESTATUTO
MÁS DE DOS AÑOS DE DELIBERACIONES
Casas evita precisar cuándo verá la luz la sentencia del Estatuto
La presidenta del TC. Efe
La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ha eludido en varias ocasiones dar la fecha en la que se conocerá la sentencia del Estatuto de Cataluña. Sin embargo, la magistrada ha reconocido que su tramitación ha provocado que en 2008 se dicten menos sentencias.
*
Caamaño augura que "Cataluña asumirá bien" la sentencia sobre el Estatuto
*
Juanes insta al Constitucional a pronunciarse "cuanto antes" sobre el Estatuto
2009-06-18
LD (Ángela Martialay) En la presentación de la Memoria de 2008 del Tribunal Constitucional, su presidenta, María Emilia Casas, ha eludido en varias ocasiones dar la fecha en la que se conocerá la sentencia del Estatuto de Cataluña. Sin embargo, la magistrada ha reconocido que su tramitación ha provocado que este año el guardián máximo de la carta magna dicte menos sentencias que en años anteriores (187 en 2008 frente a las 265 de 2007).
Actualmente, el tribunal debe resolver siete impugnaciones contra la ley catalana. Son 182 los preceptos impugnados por el PP y 113 los del recurso del Defensor del Pueblo.
Casas, consciente de la expectación despertada en torno a la sentencia del Estatuto, ha evitado pronunciarse sobre el estado de las deliberaciones y ha reiterado que “estará lo antes posible”. Frente a las constantes informaciones que apuntan a que la esperada sentencia se dictará este verano, la presidenta del Constitucional ni confirma ni desmiente.
Eso sí, la magistrada ha explicado que si hubiese que habilitar el mes de agosto para trabajar en la sentencia se haría, ya que “no sería la primera vez” - ocurrió el año pasado con el Plan Ibarretxe- teniendo en cuenta que este tribunal trabaja “ininterrumpidamente” e "intensamente".
"No hay presión"
Asimismo, la presidenta del TC ha recalcado que los diez magistrados que actualmente trabajan en la resolución de los recursos contra el Estatuto (son diez y no doce ya que Pablo Pérez Tremps está recusado y Roberto García Calvo falleció el pasado mes de mayo) no se sienten “presionados” ni por las declaraciones de los políticos ni por las informaciones publicadas por los medios de comunicación. “No hay presión en nada”, ha explicado a la par que ha subrayado que “la agenda de este tribunal no es la agenda política ni de la política”. Inevitablemente, esta rotunda afirmación trae a la memoria la sonora bronca que le echó la vicepresidenta del Gobierno durante el desfile militar del 12 de octubre de 2007 y que fue captada en exclusiva por las cámaras de LDTV.
No obstante, Casas ha declarado que, en ocasiones, la lectura de determinadas informaciones sobre este asunto producen al Tribunal "tristeza y sorpresa porque no se corresponden con lo que en realidad sucede y también perplejidad"·
Por otro lado, y respecto al bloqueo que padece este tribunal desde hace año y medio, Casas ha lamentado que ésta no se haya producido hasta el momento. Tanto PSOE como PP han desechado la renovación de dicho órgano ante la falta de acuerdo sobre quienes serán sus próximos miembros. En estos momentos el Senado tiene pendiente la renovación de cuatro magistrados del alto tribunal, que son su presidenta, el vicepresidente Guillermo Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorque Rodríguez Zapata, mientras que el Congreso debe designar al sustituto del fallecido Roberto García-Calvo.
Por otro lado, todo apunta a que dicha renovación no se producirá hasta que la sentencia del Estatuto vea la luz.
Casas evita precisar cuándo verá la luz la sentencia del Estatuto
La presidenta del TC. Efe
La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ha eludido en varias ocasiones dar la fecha en la que se conocerá la sentencia del Estatuto de Cataluña. Sin embargo, la magistrada ha reconocido que su tramitación ha provocado que en 2008 se dicten menos sentencias.
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Caamaño augura que "Cataluña asumirá bien" la sentencia sobre el Estatuto
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Juanes insta al Constitucional a pronunciarse "cuanto antes" sobre el Estatuto
2009-06-18
LD (Ángela Martialay) En la presentación de la Memoria de 2008 del Tribunal Constitucional, su presidenta, María Emilia Casas, ha eludido en varias ocasiones dar la fecha en la que se conocerá la sentencia del Estatuto de Cataluña. Sin embargo, la magistrada ha reconocido que su tramitación ha provocado que este año el guardián máximo de la carta magna dicte menos sentencias que en años anteriores (187 en 2008 frente a las 265 de 2007).
Actualmente, el tribunal debe resolver siete impugnaciones contra la ley catalana. Son 182 los preceptos impugnados por el PP y 113 los del recurso del Defensor del Pueblo.
Casas, consciente de la expectación despertada en torno a la sentencia del Estatuto, ha evitado pronunciarse sobre el estado de las deliberaciones y ha reiterado que “estará lo antes posible”. Frente a las constantes informaciones que apuntan a que la esperada sentencia se dictará este verano, la presidenta del Constitucional ni confirma ni desmiente.
Eso sí, la magistrada ha explicado que si hubiese que habilitar el mes de agosto para trabajar en la sentencia se haría, ya que “no sería la primera vez” - ocurrió el año pasado con el Plan Ibarretxe- teniendo en cuenta que este tribunal trabaja “ininterrumpidamente” e "intensamente".
"No hay presión"
Asimismo, la presidenta del TC ha recalcado que los diez magistrados que actualmente trabajan en la resolución de los recursos contra el Estatuto (son diez y no doce ya que Pablo Pérez Tremps está recusado y Roberto García Calvo falleció el pasado mes de mayo) no se sienten “presionados” ni por las declaraciones de los políticos ni por las informaciones publicadas por los medios de comunicación. “No hay presión en nada”, ha explicado a la par que ha subrayado que “la agenda de este tribunal no es la agenda política ni de la política”. Inevitablemente, esta rotunda afirmación trae a la memoria la sonora bronca que le echó la vicepresidenta del Gobierno durante el desfile militar del 12 de octubre de 2007 y que fue captada en exclusiva por las cámaras de LDTV.
No obstante, Casas ha declarado que, en ocasiones, la lectura de determinadas informaciones sobre este asunto producen al Tribunal "tristeza y sorpresa porque no se corresponden con lo que en realidad sucede y también perplejidad"·
Por otro lado, y respecto al bloqueo que padece este tribunal desde hace año y medio, Casas ha lamentado que ésta no se haya producido hasta el momento. Tanto PSOE como PP han desechado la renovación de dicho órgano ante la falta de acuerdo sobre quienes serán sus próximos miembros. En estos momentos el Senado tiene pendiente la renovación de cuatro magistrados del alto tribunal, que son su presidenta, el vicepresidente Guillermo Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorque Rodríguez Zapata, mientras que el Congreso debe designar al sustituto del fallecido Roberto García-Calvo.
Por otro lado, todo apunta a que dicha renovación no se producirá hasta que la sentencia del Estatuto vea la luz.
lunes, 15 de junio de 2009
EL GOBIERNO BUSCA UN PUESTO PARA GARZÓN FUERA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
"ANTIPATÍA" ENTRE LOS JUECES
El Gobierno busca un puesto para Garzón fuera de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón. (Archivo)
Una parte del Ejecutivo estaría buscando una salida de la Audiencia Nacional para Garzón. Según informa El Mundo, este sector alega las animadversión que el magistrado despierta entre sus compañeros. Su destino podría ser el de un puesto de representación en países en los que se considera admirado.
*
El hijo de un ministro de Franco pide al TS personarse contra Garzón
*
El CGPJ acuerda seguir investigando los ingresos de Garzón en EEUU
*
La AN cree que Garzón sí pudo cometer una falta grave al excarcelar a los dos narcos
2009-06-15
(Libertad Digital) El Ejecutivo busca una salida para Garzón, pero siempre que ésta sea del agrado del actual magistrado de la Audiencia Nacional. El motivo utilizado por un sector del Gobierno es la gran antipatía que despierta entre sus compañeros.
En este sentido, desde el Gobierno se pensó en ofrecerle un puesto como magistrado de enlace en algún país hispanoamericano. Estos cargos son nombrados por decisión gubernativa para facilitar la cooperación entre dos países. Dos ejemplos de ellos, son los jueces de enlace en Marruecos y en París.
Los magistrados que consiguen este puesto se encuentran en comisión de servicios especiales, sin un plazo definido y además conservan su plaza en sus juzgados como titulares. La figura del juez de enlace fue creada por la Unión Europea en 1992 con el propósito fundamental de fomentar la lucha contra el terrorismo. De esta forma, a la cooperación policial existente entre los países del gigante europeo se unía la cooperación judicial.
Sin embargo, a Garzón no le convenció demasiado este nuevo destino y desde el Ejecutivo se volvió a barajar la posibilidad de crear un puesto específico para el actual magistrado de la Audiencia Nacional. Esta opción pasa por ampliar el cargo de juez de enlace para varios países, sobre todo en aquellos en los que disfruta de buena fama. Esta idea no desagradaría a Baltasar Garzón.
De hecho, según asegura el diario de Unidad Editorial, esta no es la primera vez que se plantea buscar una salida para el magistrado. Pero las últimas querellas y sus causas pendientes tanto en el CGPJ como en el Supremo han evitado una solución más rápida. Y es que el Gobierno teme que una decisión de este tipo sea malinterpretada en perjuicio de Garzón.
El Gobierno busca un puesto para Garzón fuera de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón. (Archivo)
Una parte del Ejecutivo estaría buscando una salida de la Audiencia Nacional para Garzón. Según informa El Mundo, este sector alega las animadversión que el magistrado despierta entre sus compañeros. Su destino podría ser el de un puesto de representación en países en los que se considera admirado.
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El hijo de un ministro de Franco pide al TS personarse contra Garzón
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El CGPJ acuerda seguir investigando los ingresos de Garzón en EEUU
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La AN cree que Garzón sí pudo cometer una falta grave al excarcelar a los dos narcos
2009-06-15
(Libertad Digital) El Ejecutivo busca una salida para Garzón, pero siempre que ésta sea del agrado del actual magistrado de la Audiencia Nacional. El motivo utilizado por un sector del Gobierno es la gran antipatía que despierta entre sus compañeros.
En este sentido, desde el Gobierno se pensó en ofrecerle un puesto como magistrado de enlace en algún país hispanoamericano. Estos cargos son nombrados por decisión gubernativa para facilitar la cooperación entre dos países. Dos ejemplos de ellos, son los jueces de enlace en Marruecos y en París.
Los magistrados que consiguen este puesto se encuentran en comisión de servicios especiales, sin un plazo definido y además conservan su plaza en sus juzgados como titulares. La figura del juez de enlace fue creada por la Unión Europea en 1992 con el propósito fundamental de fomentar la lucha contra el terrorismo. De esta forma, a la cooperación policial existente entre los países del gigante europeo se unía la cooperación judicial.
Sin embargo, a Garzón no le convenció demasiado este nuevo destino y desde el Ejecutivo se volvió a barajar la posibilidad de crear un puesto específico para el actual magistrado de la Audiencia Nacional. Esta opción pasa por ampliar el cargo de juez de enlace para varios países, sobre todo en aquellos en los que disfruta de buena fama. Esta idea no desagradaría a Baltasar Garzón.
De hecho, según asegura el diario de Unidad Editorial, esta no es la primera vez que se plantea buscar una salida para el magistrado. Pero las últimas querellas y sus causas pendientes tanto en el CGPJ como en el Supremo han evitado una solución más rápida. Y es que el Gobierno teme que una decisión de este tipo sea malinterpretada en perjuicio de Garzón.
domingo, 14 de junio de 2009
EL ALCOHOL AL VOLANTE, RESPONSABLE DE CASI MIL MUERTOS AL AÑO
El alcohol al volante, responsable de casi mil muertos al año
El 91,7 por ciento de los conductores que han perdido el carné desde que se puso en marcha en 2006 el sistema del carné por puntos son hombres. Además, una 900 personas podrían haber salvado la vida en 2008 si se hubieran respetado los límites de alcohol al volante.
Efe. Madrid
14-06-2009
Unas 900 personas podrían haber salvado la vida en 2008 si se hubieran respetado los límites de alcohol al volante, lo que supone que entre el 30 y el 50 por ciento de los accidentes mortales registrados en las carreteras españolas estuvieron relacionados con el consumo de alcohol.
Son datos de un informe publicado en el último número de la revista "Tráfico y Seguridad Vial" editada por la Dirección General de Tráfico (DGT), que añade que dos de cada tres delitos cometidos contra la seguridad vial están relacionados con el consumo de alcohol. Actualmente hay en prisión casi medio millar de personas por delitos de tráfico, el 87 por ciento por conducción temeraria con resultado de muerte o lesiones graves. En muchos de estos casos, los responsables conducían bajo los efectos del alcohol.
Sólo el año pasado, 35.166 personas fueron condenadas por ponerse al volante con una tasa de alcohol superior a los 1,2 gramos por litro, aunque fueron muchos más los conductores "pillados" en los controles de alcoholemia con una tasa inferior y que acabaron con una simple multa. En 2008, los positivos por alcohol crecieron un 23 por ciento con respecto a 2007, y alcanzaron las 109.785 sanciones. No obstante, sólo el 2,5 por ciento de los infractores son reincidentes, es decir aquellos a los que se ha sancionado por conducir bebidos en al menos tres ocasiones en el último año. Pese a ello, los bebedores "incorregibles" fueron responsables de uno de cada cuatro accidentes graves en las carreteras españolas el año pasado.
La mayoría de los conductores españoles -un 75 por ciento de los hombres y la mitad de las mujeres- son bebedores habituales, aunque apenas llegan al 22 por ciento los que consumen alcohol en exceso. Por sexos, el 89 por ciento de las casi 110.000 sanciones por consumo de alcohol impuestas el año pasado tuvieron como destinatario a un varón, a pesar de que las mujeres suponen el 40 por ciento del total de conductores. La mitad de los conductores sancionados por alcoholemia tiene una edad comprendida entre los 20 y los 40 años.
El 91,7 por ciento de los conductores que han perdido el carné desde que se puso en marcha en 2006 el sistema del carné por puntos son hombres. Además, una 900 personas podrían haber salvado la vida en 2008 si se hubieran respetado los límites de alcohol al volante.
Efe. Madrid
14-06-2009
Unas 900 personas podrían haber salvado la vida en 2008 si se hubieran respetado los límites de alcohol al volante, lo que supone que entre el 30 y el 50 por ciento de los accidentes mortales registrados en las carreteras españolas estuvieron relacionados con el consumo de alcohol.
Son datos de un informe publicado en el último número de la revista "Tráfico y Seguridad Vial" editada por la Dirección General de Tráfico (DGT), que añade que dos de cada tres delitos cometidos contra la seguridad vial están relacionados con el consumo de alcohol. Actualmente hay en prisión casi medio millar de personas por delitos de tráfico, el 87 por ciento por conducción temeraria con resultado de muerte o lesiones graves. En muchos de estos casos, los responsables conducían bajo los efectos del alcohol.
Sólo el año pasado, 35.166 personas fueron condenadas por ponerse al volante con una tasa de alcohol superior a los 1,2 gramos por litro, aunque fueron muchos más los conductores "pillados" en los controles de alcoholemia con una tasa inferior y que acabaron con una simple multa. En 2008, los positivos por alcohol crecieron un 23 por ciento con respecto a 2007, y alcanzaron las 109.785 sanciones. No obstante, sólo el 2,5 por ciento de los infractores son reincidentes, es decir aquellos a los que se ha sancionado por conducir bebidos en al menos tres ocasiones en el último año. Pese a ello, los bebedores "incorregibles" fueron responsables de uno de cada cuatro accidentes graves en las carreteras españolas el año pasado.
La mayoría de los conductores españoles -un 75 por ciento de los hombres y la mitad de las mujeres- son bebedores habituales, aunque apenas llegan al 22 por ciento los que consumen alcohol en exceso. Por sexos, el 89 por ciento de las casi 110.000 sanciones por consumo de alcohol impuestas el año pasado tuvieron como destinatario a un varón, a pesar de que las mujeres suponen el 40 por ciento del total de conductores. La mitad de los conductores sancionados por alcoholemia tiene una edad comprendida entre los 20 y los 40 años.
UN CONDUCTOR PAGARÁ 1.300 EUROS A UN PEATÓN POR PISARLE UN PIE CON SU VEHICULO
Un conductor pagará 1.300 euros a un peatón por pisarle un pie con su vehículo
Un conductor pagará 1.300 euros a un peatón por pisarle un pie con su vehículo
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un hombre a pagar una multa de 500 euros por agredir a otro tras pisarle el pie con el vehículo que conducía en un paso de cebra. Además, deberá indemnizarle, en concepto de responsabilidad civil, con 800 euros.
Europa Press
14-06-2009
Un hombre ha sido condenado a pagar 1.300 euros a otro por pisarle el pie con un vehículo. La Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el juzgado en funciones de guardia de Instrucción número 3 de Gandia, que condenaba a este hombre a pagar una multa de 500 euros por una falta de lesiones y a indemnizar a la víctima con 800 euros, en concepto de responsabilidad civil.
El incidente tuvo lugar el 23 de septiembre de 2008, cuando el condenado cruzó con su vehículo por un paso de cebra sin percatarse de la presencia de la víctima, a la que pisó el pie. Seguidamente, el conductor se detuvo pidiéndole explicaciones, le dio varios puñetazos y bofetones, se subió a su coche y se marchó del lugar. Como consecuencia, la víctima sufrió lesiones de las que tardó 21 días en curar.
Ante los hechos, el juez condenó al hombre a pagar una multa, y éste recurrió, al considerar que hubo una errónea valoración de la prueba. Sin embargo, la Audiencia, tras estudiar el caso, desestima el recurso al considerar que el juzgador alcanzó una convicción acorde con el conjunto de la prueba que evaluó.
Respecto a la determinación del importe, considera que con un vehículo marca Mercedes deportivo, el condenado evidencia que tiene "recursos superiores" a los de la indigencia, y que se encuentran en el límite de la cuantía ordinariamente utilizada por los tribunales de esta provincia.
Un conductor pagará 1.300 euros a un peatón por pisarle un pie con su vehículo
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un hombre a pagar una multa de 500 euros por agredir a otro tras pisarle el pie con el vehículo que conducía en un paso de cebra. Además, deberá indemnizarle, en concepto de responsabilidad civil, con 800 euros.
Europa Press
14-06-2009
Un hombre ha sido condenado a pagar 1.300 euros a otro por pisarle el pie con un vehículo. La Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el juzgado en funciones de guardia de Instrucción número 3 de Gandia, que condenaba a este hombre a pagar una multa de 500 euros por una falta de lesiones y a indemnizar a la víctima con 800 euros, en concepto de responsabilidad civil.
El incidente tuvo lugar el 23 de septiembre de 2008, cuando el condenado cruzó con su vehículo por un paso de cebra sin percatarse de la presencia de la víctima, a la que pisó el pie. Seguidamente, el conductor se detuvo pidiéndole explicaciones, le dio varios puñetazos y bofetones, se subió a su coche y se marchó del lugar. Como consecuencia, la víctima sufrió lesiones de las que tardó 21 días en curar.
Ante los hechos, el juez condenó al hombre a pagar una multa, y éste recurrió, al considerar que hubo una errónea valoración de la prueba. Sin embargo, la Audiencia, tras estudiar el caso, desestima el recurso al considerar que el juzgador alcanzó una convicción acorde con el conjunto de la prueba que evaluó.
Respecto a la determinación del importe, considera que con un vehículo marca Mercedes deportivo, el condenado evidencia que tiene "recursos superiores" a los de la indigencia, y que se encuentran en el límite de la cuantía ordinariamente utilizada por los tribunales de esta provincia.
DETENIDO UN CIBERACOSADOR QUE AMENAZÓ A 250 MENORES
Detenido un ciberacosador que amenazó a 250 menores
La Policía ha detenido a un joven que se hacía pasar en Internet por niña o adolescente para contactar con chicas menores de edad -lo hizo al menos con 250-, a las que amenazó y coaccionó para que le enviasen fotos o vídeos de contenido sexual; de no ser así, el delincuente tomaba el control de su ordenador.
Efe. Madrid
14-06-2009
Un "ciberacosador", de 24 años, ha sido detenido en Chipiona (Cádiz) y lo ha sido por segunda vez en pocos meses pues ya había sido arrestado en octubre, según informa la Policía. El joven se hacía pasar en Internet por niña o adolescente para contactar con chicas menores de edad; lo hizo con al menos 250.
El arrestado conocía a sus víctimas en "chat" o páginas consideradas como redes sociales, en las que sus participantes suelen exhibir fotografías personales, en ocasiones en poses o actitudes provocativas, pero nunca fotos de desnudos. Para esos contactos simulaba casi siempre ser una niña o adolescente con el fin de ganarse su confianza y llegó a utilizar hasta doce personalidades diferentes, de ambos sexos y un variado rango de edad.
De esta forma obtenía fotografías o vídeos de las chicas, e incluso sesiones de cámara web que grababa sin que lo supiera. Pero si no accedían, las amenazaba e insultaba, y mediante varias técnicas -principalmente programas informáticos como simuladores de caída de conexión- trataba de tomar el control de su ordenador y de las cuentas de correo electrónico.
Tras hacerse con el control del correo, intentaba obtener de las menores una imagen o un vídeo no demasiado explícito para que no se negaran radicalmente, pero sí lo suficientemente comprometido para posteriormente amenazarlas con difundirlos a sus contactos si no accedían a nuevos requerimientos.
Así, continuaba con el chantaje y la coacción bajo la amenaza de que la víctima no recuperara su cuenta de correo con lo que, además, perdería su lista de contactos.
Si aún así se negaban, perdían el uso de su correo electrónico y el detenido lo empleaba para humillarlas ante sus conocidos, a quienes incluso les hacía llegar fotos o vídeos comprometidos de sus víctimas.
Este acoso se producía durante meses por parte de este "ciberacosador", quien ejercía con crudeza un control psicológico hacia sus víctimas.
La Policía hace hincapié en que los "chat" y las redes sociales son dos herramientas muy utilizadas en la actualidad por los menores de edad para comunicarse entre ellos y que en ocasiones no adoptan las precauciones necesarias para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes.
La Policía ha detenido a un joven que se hacía pasar en Internet por niña o adolescente para contactar con chicas menores de edad -lo hizo al menos con 250-, a las que amenazó y coaccionó para que le enviasen fotos o vídeos de contenido sexual; de no ser así, el delincuente tomaba el control de su ordenador.
Efe. Madrid
14-06-2009
Un "ciberacosador", de 24 años, ha sido detenido en Chipiona (Cádiz) y lo ha sido por segunda vez en pocos meses pues ya había sido arrestado en octubre, según informa la Policía. El joven se hacía pasar en Internet por niña o adolescente para contactar con chicas menores de edad; lo hizo con al menos 250.
El arrestado conocía a sus víctimas en "chat" o páginas consideradas como redes sociales, en las que sus participantes suelen exhibir fotografías personales, en ocasiones en poses o actitudes provocativas, pero nunca fotos de desnudos. Para esos contactos simulaba casi siempre ser una niña o adolescente con el fin de ganarse su confianza y llegó a utilizar hasta doce personalidades diferentes, de ambos sexos y un variado rango de edad.
De esta forma obtenía fotografías o vídeos de las chicas, e incluso sesiones de cámara web que grababa sin que lo supiera. Pero si no accedían, las amenazaba e insultaba, y mediante varias técnicas -principalmente programas informáticos como simuladores de caída de conexión- trataba de tomar el control de su ordenador y de las cuentas de correo electrónico.
Tras hacerse con el control del correo, intentaba obtener de las menores una imagen o un vídeo no demasiado explícito para que no se negaran radicalmente, pero sí lo suficientemente comprometido para posteriormente amenazarlas con difundirlos a sus contactos si no accedían a nuevos requerimientos.
Así, continuaba con el chantaje y la coacción bajo la amenaza de que la víctima no recuperara su cuenta de correo con lo que, además, perdería su lista de contactos.
Si aún así se negaban, perdían el uso de su correo electrónico y el detenido lo empleaba para humillarlas ante sus conocidos, a quienes incluso les hacía llegar fotos o vídeos comprometidos de sus víctimas.
Este acoso se producía durante meses por parte de este "ciberacosador", quien ejercía con crudeza un control psicológico hacia sus víctimas.
La Policía hace hincapié en que los "chat" y las redes sociales son dos herramientas muy utilizadas en la actualidad por los menores de edad para comunicarse entre ellos y que en ocasiones no adoptan las precauciones necesarias para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes.
viernes, 12 de junio de 2009
CASIMIRO GARCÍA ABADILLO HABLA SOBRE LA SENTENCIA DEL 11-M
Casimiro García Abadillo habla sobre la sentencia del 11M
miércoles, 10 de junio de 2009
SPRINT FINAL DEL "CASO CAMPS"
Sprint final del 'caso Camps'
Actualizado el 10/6/2009 - 08:00h
Según ha sabido lanacion.es, a lo largo de la próxima semana se conocerá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre el 'caso Camps'. En unos 10 días se dictaminará, por tanto, si se archiva la causa contra el president de la Generalitat Valenciana o si se se pasa a juicio.
La imputación de Francisco Camps y su 'número dos', Ricardo Costa, está motivada por su presunta relación con el caso Gürtel, cuya derivada valenciana supuestamente controlaba Álvaro Pérez, alias El Bigotes. Se investiga al líder valenciano por pagos de trajes en especies, en una causa dirigida en principio por el juez Baltasar Garzón, que pasó luego a manos del TSJV después de que este magistrado se inhibiera.
Camps no ha dejado de insistir desde que saltó el escándalo en su inocencia y tiene todo el apoyo del partido y de su líder, Mariano Rajoy, que ha dicho de él que "es un político honrado que se encuentra en una situación de indefensión".
Actualizado el 10/6/2009 - 08:00h
Según ha sabido lanacion.es, a lo largo de la próxima semana se conocerá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre el 'caso Camps'. En unos 10 días se dictaminará, por tanto, si se archiva la causa contra el president de la Generalitat Valenciana o si se se pasa a juicio.
La imputación de Francisco Camps y su 'número dos', Ricardo Costa, está motivada por su presunta relación con el caso Gürtel, cuya derivada valenciana supuestamente controlaba Álvaro Pérez, alias El Bigotes. Se investiga al líder valenciano por pagos de trajes en especies, en una causa dirigida en principio por el juez Baltasar Garzón, que pasó luego a manos del TSJV después de que este magistrado se inhibiera.
Camps no ha dejado de insistir desde que saltó el escándalo en su inocencia y tiene todo el apoyo del partido y de su líder, Mariano Rajoy, que ha dicho de él que "es un político honrado que se encuentra en una situación de indefensión".
LA GRÚA NO PODRÁ LLEVARSE EL COCHE POR APARCAR EN ZONA AZUL
nueva ley de seguridad vial
La grúa no podrá llevarse el coche por aparcar en zona azul
Un vehículo aparcado en zona azul sin la debida autorización no podrá ser retirado por la grúa aunque sí podrá ser multado, según una enmienda aprobada en la Comisión de Interior del Congreso a la reforma del régimen sancionador en materia de tráfico, que ahora pasará al pleno de la Cámara Baja.
Efe. Madrid
10-06-2009
imprima esta noticia ENVIAR O COMPARTIR ENLACE
La enmienda, presentada por CiU y que ha sido apoyada por el resto de grupos parlamentarios, sí autoriza a la retirada del vehículo cuando éste se encuentre aparcado en un estacionamiento reservado a discapacitados, ya que en este caso el coche mal estacionado obstruye o dificulta la movilidad de otros usuarios.
Estacionar en estas plazas para discapacitados se considerará una falta grave, al igual que programar el navegador mientras se conduce, con multas de hasta 200 euros. Otro paquete de enmiendas introducido a la nueva ley de Seguridad Vial limita las infracciones en las que se pierden puntos del carné.
El titular del permiso no perderá cuatro puntos como hasta ahora en los casos de "conducción de forma negligente", por ser ambiguo y llevar a la confusión del conductor. Los conductores tampoco perderán puntos del carné, como sucedía ahora, por estacionar o parar en el carril-bus, en curvas, cambios de rasante, túneles, pasos inferiores o intersecciones. En estos casos el conductor podrá ser multado pero no verá reducidos sus puntos. Tampoco conllevará pérdida de puntos el exceso de velocidad en las autopistas de acceso a las ciudades, limitadas en muchos casos a los 80 kilómetros por hora, siempre que el vehículo no supere los 130 kilómetros por hora.
Con el nuevo texto tampoco estará prohibido utilizar avisadores, aunque sí será sancionable colocar en el vehículo dispositivos que inhiben los propios sistemas de control de velocidad instalados por la DGT. Además, sólo se podrá pasar la ITV a un vehículo si se está al corriente de pago del seguro obligatorio. De este modo, a la entrada en vigor de la ley, las estaciones de ITV pedirán la acreditación del seguro obligatorio en cada inspección.
Durante la tramitación de la ley ya se habían introducido otras modificaciones al proyecto presentado inicialmente por el Gobierno. Entre ellas, la que acaba con la obligación de llevar en el coche toda la documentación, ya que deberá ser la Administración la que compruebe que el vehículo cuenta con todos los permisos.
La obligación del conductor se limitará a tener todos los documentos exigidos por la Ley en regla y vigentes, pero no a llevarlos físicamente en el vehículo. En el procedimiento sancionador, se aumenta el descuento por "pronto-pago", que pasa a ser de hasta el 50 por ciento del importe de la multa que, además, podrá pagarse en el mismo momento de la denuncia y con tarjeta de crédito, acabando con un proceso farragoso para el ciudadano.
La nueva Ley de Seguridad Vial, que se debatirá la semana que viene en el pleno del Congreso, obligará además al Gobierno a destinar todo lo recaudado por multas a políticas de seguridad vial, como supresión de puntos negros o sustitución de quitamiedos peligrosos.
La grúa no podrá llevarse el coche por aparcar en zona azul
Un vehículo aparcado en zona azul sin la debida autorización no podrá ser retirado por la grúa aunque sí podrá ser multado, según una enmienda aprobada en la Comisión de Interior del Congreso a la reforma del régimen sancionador en materia de tráfico, que ahora pasará al pleno de la Cámara Baja.
Efe. Madrid
10-06-2009
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La enmienda, presentada por CiU y que ha sido apoyada por el resto de grupos parlamentarios, sí autoriza a la retirada del vehículo cuando éste se encuentre aparcado en un estacionamiento reservado a discapacitados, ya que en este caso el coche mal estacionado obstruye o dificulta la movilidad de otros usuarios.
Estacionar en estas plazas para discapacitados se considerará una falta grave, al igual que programar el navegador mientras se conduce, con multas de hasta 200 euros. Otro paquete de enmiendas introducido a la nueva ley de Seguridad Vial limita las infracciones en las que se pierden puntos del carné.
El titular del permiso no perderá cuatro puntos como hasta ahora en los casos de "conducción de forma negligente", por ser ambiguo y llevar a la confusión del conductor. Los conductores tampoco perderán puntos del carné, como sucedía ahora, por estacionar o parar en el carril-bus, en curvas, cambios de rasante, túneles, pasos inferiores o intersecciones. En estos casos el conductor podrá ser multado pero no verá reducidos sus puntos. Tampoco conllevará pérdida de puntos el exceso de velocidad en las autopistas de acceso a las ciudades, limitadas en muchos casos a los 80 kilómetros por hora, siempre que el vehículo no supere los 130 kilómetros por hora.
Con el nuevo texto tampoco estará prohibido utilizar avisadores, aunque sí será sancionable colocar en el vehículo dispositivos que inhiben los propios sistemas de control de velocidad instalados por la DGT. Además, sólo se podrá pasar la ITV a un vehículo si se está al corriente de pago del seguro obligatorio. De este modo, a la entrada en vigor de la ley, las estaciones de ITV pedirán la acreditación del seguro obligatorio en cada inspección.
Durante la tramitación de la ley ya se habían introducido otras modificaciones al proyecto presentado inicialmente por el Gobierno. Entre ellas, la que acaba con la obligación de llevar en el coche toda la documentación, ya que deberá ser la Administración la que compruebe que el vehículo cuenta con todos los permisos.
La obligación del conductor se limitará a tener todos los documentos exigidos por la Ley en regla y vigentes, pero no a llevarlos físicamente en el vehículo. En el procedimiento sancionador, se aumenta el descuento por "pronto-pago", que pasa a ser de hasta el 50 por ciento del importe de la multa que, además, podrá pagarse en el mismo momento de la denuncia y con tarjeta de crédito, acabando con un proceso farragoso para el ciudadano.
La nueva Ley de Seguridad Vial, que se debatirá la semana que viene en el pleno del Congreso, obligará además al Gobierno a destinar todo lo recaudado por multas a políticas de seguridad vial, como supresión de puntos negros o sustitución de quitamiedos peligrosos.
lunes, 8 de junio de 2009
DIECINUEVE DETENIDOS POR ROBAR 150 COCHES DE LUJO Y ASALTAR A TURISTAS EN CARRETERA
EN LA ZONA DEL MEDITERRÁNEO
Diecinueve detenidos por robar 150 coches de lujo y asaltar a turistas en carretera
Momento de la detención (Guardia Civil)
Un total de 19 personas han sido detenidas este lunes en un operación conjunta de los Mossos y de la Guardia Civil. Esta banda está acusada del robo de 150 vehículos de alta gama y de asaltos a turistas en autopistas del arco mediterráneo.
2009-06-08
LD (EFE) Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido en una operación conjunta a 19 personas acusadas de integrar una red, a la que se atribuyen más de 150 robos de vehículos de gama alta y asaltos a turistas en autopistas del arco mediterráneo, en el tramo entre Girona y Alicante.
Según han informado este lunes la policía catalana y el Instituto Armado, los detenidos, todos de nacionalidad argelina menos uno que es español, se dedicaban a robar vehículos de gama alta, aún sin matricular, almacenados en explanadas de los puertos de Cataluña y la zona de Valencia y a asaltar a turistas que paraban en áreas de descanso de la autopista AP-7.
La investigación policial conjunta ha permitido recuperar, entre otros, 42 vehículos de lujo robados, un revólver del calibre 38, una pistola, munición diversa, una pistola eléctrica, 16.000 euros en efectivo, tarjetas de crédito robadas, un centenar de teléfonos móviles robados, ordenadores portátiles, joyas, relojes, armas blancas y pasaportes y documentación robada y falsificada.
La Guardia Civil y los Mossos iniciaron la investigación por este caso en noviembre pasado y han contado con la colaboración de la gendarmería marroquí y la gendarmería francesa
Diecinueve detenidos por robar 150 coches de lujo y asaltar a turistas en carretera
Momento de la detención (Guardia Civil)
Un total de 19 personas han sido detenidas este lunes en un operación conjunta de los Mossos y de la Guardia Civil. Esta banda está acusada del robo de 150 vehículos de alta gama y de asaltos a turistas en autopistas del arco mediterráneo.
2009-06-08
LD (EFE) Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido en una operación conjunta a 19 personas acusadas de integrar una red, a la que se atribuyen más de 150 robos de vehículos de gama alta y asaltos a turistas en autopistas del arco mediterráneo, en el tramo entre Girona y Alicante.
Según han informado este lunes la policía catalana y el Instituto Armado, los detenidos, todos de nacionalidad argelina menos uno que es español, se dedicaban a robar vehículos de gama alta, aún sin matricular, almacenados en explanadas de los puertos de Cataluña y la zona de Valencia y a asaltar a turistas que paraban en áreas de descanso de la autopista AP-7.
La investigación policial conjunta ha permitido recuperar, entre otros, 42 vehículos de lujo robados, un revólver del calibre 38, una pistola, munición diversa, una pistola eléctrica, 16.000 euros en efectivo, tarjetas de crédito robadas, un centenar de teléfonos móviles robados, ordenadores portátiles, joyas, relojes, armas blancas y pasaportes y documentación robada y falsificada.
La Guardia Civil y los Mossos iniciaron la investigación por este caso en noviembre pasado y han contado con la colaboración de la gendarmería marroquí y la gendarmería francesa
domingo, 7 de junio de 2009
EX ABOGADO DE GARZÓN, AHORA MIEMBRO DEL CGPJ
Ex abogado de Garzón, ahora miembro del CGPJ
Odio visceral a la derecha
Actualizado el 6/6/2009 - 08:00h
José Manuel Gómez Benítez ha sido durante mucho tiempo un catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y un letrado de reconocido prestigio. Sin embargo, se le conoce más por ser el abogado del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, acusado en estos últimos tiempos por el Tribunal Supremo.
Gómez Benítez ha dado un salto cualitativo al ser nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial, con el apoyo del sector progresista. Desde que ocupa su nuevo cargo, ha tenido que abandonar a Garzón, que se ha buscado otro abogado para defenderse de las múltiples querellas y denuncias a las que se está enfrentando últimamente, tanto en el Tribunal Supremo como en el propio CGPJ.
Su profesionalidad la refuerza el hecho de que cuando fue nombrado vocal, el propio Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, dijo que “su currículum le avala para ser un excelente vocal del Consejo”. Al ser defensor suyo durante años, ahora Gómez Benítez debe abstenerse en todas las decisiones que el órgano de los jueces debe adoptar sobre el propio Garzón.
El juez de la Audiencai Nacional tiene varias denuncias por los cobros recibidos durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre marzo de 2005 y junio de 2006, concretamente de 203.000 dólares, mientras seguía cobrando su sueldo como juez de la Audiencia Nacional. También tuvo que abstenerse cuando el CGPJ estudió una posible sanción al magistrado por haber compartido una jornada de cacería con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en la provincia de Jaén. El Servicio de Inspección consideró que esta conducta no puede subsumirse en ninguna de las faltas disciplinarias recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y, por tanto, se archivó la denuncia presentada por el PP.
Otra de las denuncias de las que tuvo que apartarse Gómez Benítez fue la interpuesta por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón contra Garzón por un permiso que obtuvo en agosto de 2007 para ir a Perú y, según los denunciantes, los empleó para tomarse unos días de vacaciones en Iquitos, en el Amazonas peruano. De todas maneras, también fue archivado.
Antes de llegar a ser vocal del órgano de los jueces, puesto que cubrirá durante cinco años hasta la renovación del CGPJ, Gómez Benítez había llevado procesos de relevancia, como la querella del caso Tamayo, con la que el PSOE acusó al PP de Madrid de participar en una presunta trama para comprar a dos diputados socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez y dar el Gobierno a Esperanza Aguirre.
Gómez Benítez ha sido también un defensor de la justicia universal, al tramitar la querella en la Audiencia Nacional del Comité de Apoyo al Tíbet (CAT) contra siete ex dirigentes chinos por supuestos delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, tortura y terrorismo contra el pueblo tibetano.
Lea este reportaje íntegro en la revista Época
Odio visceral a la derecha
Actualizado el 6/6/2009 - 08:00h
José Manuel Gómez Benítez ha sido durante mucho tiempo un catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y un letrado de reconocido prestigio. Sin embargo, se le conoce más por ser el abogado del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, acusado en estos últimos tiempos por el Tribunal Supremo.
Gómez Benítez ha dado un salto cualitativo al ser nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial, con el apoyo del sector progresista. Desde que ocupa su nuevo cargo, ha tenido que abandonar a Garzón, que se ha buscado otro abogado para defenderse de las múltiples querellas y denuncias a las que se está enfrentando últimamente, tanto en el Tribunal Supremo como en el propio CGPJ.
Su profesionalidad la refuerza el hecho de que cuando fue nombrado vocal, el propio Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, dijo que “su currículum le avala para ser un excelente vocal del Consejo”. Al ser defensor suyo durante años, ahora Gómez Benítez debe abstenerse en todas las decisiones que el órgano de los jueces debe adoptar sobre el propio Garzón.
El juez de la Audiencai Nacional tiene varias denuncias por los cobros recibidos durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre marzo de 2005 y junio de 2006, concretamente de 203.000 dólares, mientras seguía cobrando su sueldo como juez de la Audiencia Nacional. También tuvo que abstenerse cuando el CGPJ estudió una posible sanción al magistrado por haber compartido una jornada de cacería con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en la provincia de Jaén. El Servicio de Inspección consideró que esta conducta no puede subsumirse en ninguna de las faltas disciplinarias recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y, por tanto, se archivó la denuncia presentada por el PP.
Otra de las denuncias de las que tuvo que apartarse Gómez Benítez fue la interpuesta por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón contra Garzón por un permiso que obtuvo en agosto de 2007 para ir a Perú y, según los denunciantes, los empleó para tomarse unos días de vacaciones en Iquitos, en el Amazonas peruano. De todas maneras, también fue archivado.
Antes de llegar a ser vocal del órgano de los jueces, puesto que cubrirá durante cinco años hasta la renovación del CGPJ, Gómez Benítez había llevado procesos de relevancia, como la querella del caso Tamayo, con la que el PSOE acusó al PP de Madrid de participar en una presunta trama para comprar a dos diputados socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez y dar el Gobierno a Esperanza Aguirre.
Gómez Benítez ha sido también un defensor de la justicia universal, al tramitar la querella en la Audiencia Nacional del Comité de Apoyo al Tíbet (CAT) contra siete ex dirigentes chinos por supuestos delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, tortura y terrorismo contra el pueblo tibetano.
Lea este reportaje íntegro en la revista Época
miércoles, 3 de junio de 2009
LA JUEZ DICE QUE LA CRÍTICA DE LOSANTOS EXPRESA "UN SENTIMIENTO CIUDADANO"
EL PERIODISTA GANA EL JUICIO A LA SGAE
La juez dice que la crítica de Losantos expresa "un sentimiento ciudadano"
Federico Jiménez Losantos. Archivo
Jiménez Losantos ha ganado el pleito planteado por SGAE por sus críticas al canon. La juez da la razón al periodista, ya que sus opiniones se encuadran en la libertad de expresión y deben entenderse "como expresión de un sentimiento de los ciudadanos". La SGAE, condenada a pagar las costas.
* Losantos gana el juicio contra la SGAE
2009-06-03
LD (Ángela Martialay) El periodista Federico Jiménez Losantos no difamó ni vejó a la Sociedad General de Autores (SGAE) cuando criticó la imposición del canon digital. Así, lo ha entendido el juzgado de primer instancia Número 16 de Madrid que considera que el director de La Mañana ejerció su derecho a la libertad de expresión.
A raíz de unas declaraciones realizadas en antena por el periodista y los comentarios publicados en su columna en el diario El Mundo, la SGAE demandó a Jiménez Losantos por intromisiones ilegítimas en su derecho al honor y dignidad, pidiéndole una indemnización de 300.000 euros. Ahora, la entidad demandante deberá pagar las costas del juicio.
De esta forma, la Justicia da la razón al periodista y explica que las expresiones “piratas, atracadores de los consumidores, atracacanon, tinglado de la SGAE o sacamantecas no son graves objetivamente consideradas”, ya que “había un tono crispado en todos los medios de comunicación y en el ámbito político (sic) ante una medida tan impopular como el canon digital”. Se trata de “opiniones, pareceres o comentarios” y en ningún caso de “expresiones difamatorias ni vejatorias respecto a la SGAE, aunque se trate de una opinión molesta”.
La sentencia sostiene que es doctrina del Tribunal Constitucional encuadrar en la comunicación periodística “el ejercicio no sólo del derecho a la información, sino también del derecho más genérico de expresión, por lo que la libertad de prensa exige el reconocimiento de una especie de inmunidad constitucionalmente protegida, no sólo para la libre circulación de noticias, sino también para la libre circulación de ideas y de opiniones”.
Sus palabras, "un sentimiento ciudadano"
Además, defiende la magistrada que las palabras de Jiménez Losantos “no tiene un ánimo injuriante” sino que son “protestas por un cobro que se cree excesivo, que están aceptadas socialmente y de uso común y que se producen dentro de un programa de radio no encorsetado, sin guión y con mucha improvisación”.
Dichas declaraciones deben entenderse en “un sentido figurado o como expresión de un sentimiento de la mayoría de los ciudadanos”. Además, explica la juez que “es un tema el de la propiedad intelectual debatido hasta en el Senado, entendiendo un gran sector de la población que resulta desproporcionado el sistema que tiene la actora para financiarse cobrando sus derechos incluso en actos benéficos”.
Por otro lado, tanto el Ministerio Fiscal como la jueza entienden que “no puede incluirse como vulneración del derecho al honor” de la SGAE las expresiones referidas al Gobierno, al Ministerio de Cultura, a Eduardo Bautista (presidente de la SGAE), a Pedro Farré López (director del gabinete de relaciones institucionales de la SGAE) o a “los titiriteros” (artistas afines al Gobierno). El motivo es que la entidad no puede irrogarse la defensa del honor de todos los artistas o de alguno de sus componentes "pues la relación con sus asociados se materializa a través de un contrato para la gestión de obras concretas” y "no goza de una representación universal y ex lege de los artistas".
Al conocer la noticia, el periodista la ha calificado como una excelente información. "Me alegraría hubiese sido la demanda contra quién hubiese sido".
La juez dice que la crítica de Losantos expresa "un sentimiento ciudadano"
Federico Jiménez Losantos. Archivo
Jiménez Losantos ha ganado el pleito planteado por SGAE por sus críticas al canon. La juez da la razón al periodista, ya que sus opiniones se encuadran en la libertad de expresión y deben entenderse "como expresión de un sentimiento de los ciudadanos". La SGAE, condenada a pagar las costas.
* Losantos gana el juicio contra la SGAE
2009-06-03
LD (Ángela Martialay) El periodista Federico Jiménez Losantos no difamó ni vejó a la Sociedad General de Autores (SGAE) cuando criticó la imposición del canon digital. Así, lo ha entendido el juzgado de primer instancia Número 16 de Madrid que considera que el director de La Mañana ejerció su derecho a la libertad de expresión.
A raíz de unas declaraciones realizadas en antena por el periodista y los comentarios publicados en su columna en el diario El Mundo, la SGAE demandó a Jiménez Losantos por intromisiones ilegítimas en su derecho al honor y dignidad, pidiéndole una indemnización de 300.000 euros. Ahora, la entidad demandante deberá pagar las costas del juicio.
De esta forma, la Justicia da la razón al periodista y explica que las expresiones “piratas, atracadores de los consumidores, atracacanon, tinglado de la SGAE o sacamantecas no son graves objetivamente consideradas”, ya que “había un tono crispado en todos los medios de comunicación y en el ámbito político (sic) ante una medida tan impopular como el canon digital”. Se trata de “opiniones, pareceres o comentarios” y en ningún caso de “expresiones difamatorias ni vejatorias respecto a la SGAE, aunque se trate de una opinión molesta”.
La sentencia sostiene que es doctrina del Tribunal Constitucional encuadrar en la comunicación periodística “el ejercicio no sólo del derecho a la información, sino también del derecho más genérico de expresión, por lo que la libertad de prensa exige el reconocimiento de una especie de inmunidad constitucionalmente protegida, no sólo para la libre circulación de noticias, sino también para la libre circulación de ideas y de opiniones”.
Sus palabras, "un sentimiento ciudadano"
Además, defiende la magistrada que las palabras de Jiménez Losantos “no tiene un ánimo injuriante” sino que son “protestas por un cobro que se cree excesivo, que están aceptadas socialmente y de uso común y que se producen dentro de un programa de radio no encorsetado, sin guión y con mucha improvisación”.
Dichas declaraciones deben entenderse en “un sentido figurado o como expresión de un sentimiento de la mayoría de los ciudadanos”. Además, explica la juez que “es un tema el de la propiedad intelectual debatido hasta en el Senado, entendiendo un gran sector de la población que resulta desproporcionado el sistema que tiene la actora para financiarse cobrando sus derechos incluso en actos benéficos”.
Por otro lado, tanto el Ministerio Fiscal como la jueza entienden que “no puede incluirse como vulneración del derecho al honor” de la SGAE las expresiones referidas al Gobierno, al Ministerio de Cultura, a Eduardo Bautista (presidente de la SGAE), a Pedro Farré López (director del gabinete de relaciones institucionales de la SGAE) o a “los titiriteros” (artistas afines al Gobierno). El motivo es que la entidad no puede irrogarse la defensa del honor de todos los artistas o de alguno de sus componentes "pues la relación con sus asociados se materializa a través de un contrato para la gestión de obras concretas” y "no goza de una representación universal y ex lege de los artistas".
Al conocer la noticia, el periodista la ha calificado como una excelente información. "Me alegraría hubiese sido la demanda contra quién hubiese sido".
viernes, 29 de mayo de 2009
LA FISCALÍA NO VE DELITO CONTRA EL HONOR EN LA DENUNCIA DE VILLA PSOE
POR LA QUERELLA DEL ALCALDE DE LA ISLA
La Fiscalía no ve delito contra el honor en la denuncia de Villa PSOE
El juicio por la querella del alcalde socialista de la Isla de Arosa contra los denunciantes de Villa PSOE, José Carlos y Raimundo Piñeiro, llegó este viernes a su fase de conclusiones. La Fiscalía ha dado la razón a los denunciantes y no ve delito contra el honor alguno.
*
El camino de "Blanquito" al Ministerio
*
Más de cuatrocientas personas se manifiestan frente a Villa PSOE
*
El alcalde de Villa PSOE denuncia a la asociación que destapó el escándalo
2009-05-29
(Libertad Digital) En un comunicado, José Carlos Piñeiro y Raimundo Piñeiro –miembros del SUGC que destaparon el escándalo de Villa PSOE, el complejo de viviendas de lujo a pie de playa en el que José Blanco tiene un ático y otros dirigentes del PSOE gallego ha comprado apartamentos– explican que el fiscal les ha dado la razón en el juicio por la querella que presentó el Alcalde de la Isla de Arosa, José Vázquez y otras personas vinculadas con dicha corporación del PSOE, por un supuesto delito contra el honor.
El Abogado del PSOE llegó al extremo de acusar a los denunciantes de Villa PSOE de ser culpables de que dicho partido perdiera las elecciones autonómicas Gallegas. Cuando, recuerdan en el comunicado, estos denunciantes "llevaron a cabo un acto de servicio público, en defensa de la justicia, al denunciar que se estaba levantado al borde de la arena de la playa un bunker de pisos con servicios de lujo, lo que supuso destruir un monte que se utilizaba por los vecinos y visitantes de la Isla de Arosa como uso público para descanso y como acampada".
Los denunciantes recuerdan asimismo que Villa PSOE "es para beneficio vacacional de una parte de la casta política, judicial etc; al mismo tiempo que se estaba procediendo al derribo de casas de ciudadanos (Tenerife, Marín, Pontedeume, Moaña, Cantabria, Etc), que llevaban construidas más de cincuenta años; y al mismo tiempo, el mismo PSOE, en el Gobierno bipartito de la Xunta de PSOE y BNG de Touriño y Quintana, había prohibido edificar en una línea de 500 metros a contar del borde de la costa". Por si fuera poco, añaden que "está previsto derrumbar (viviendas) en toda la costa gallega por aplicación de la legalidad vigente en materia del litoral".
En este sentido, explican los denunciantes que "en ningún caso la acción judicial contra los denunciantes de Villa PSOE ha significado y nunca ha tenido la atención de atentar contra el derecho al honor y la reputación de nadie; al contrario dicha denuncia significa un apoyo a la mejora del urbanismo gallego, frente al feísmo que ha arrasado buena parte de la costa y del citado paisaje. Además es absolutamente impresentable que esta destrucción del paisaje gallego, de la costa gallega se lleve a cabo por autoridades políticas y judiciales cuando lo que deberían es dar ejemplo".
Para finalizar, en el comunicado, recuerdan un grafitti del mayo francés que el abogado defensor de los denunciantes alegó en el procedimiento dando la vuelta a su significado primitivo: "Debajo de los adoquines sí estaba la playa.... y en este caso Villa PSOE".
La Fiscalía no ve delito contra el honor en la denuncia de Villa PSOE
El juicio por la querella del alcalde socialista de la Isla de Arosa contra los denunciantes de Villa PSOE, José Carlos y Raimundo Piñeiro, llegó este viernes a su fase de conclusiones. La Fiscalía ha dado la razón a los denunciantes y no ve delito contra el honor alguno.
*
El camino de "Blanquito" al Ministerio
*
Más de cuatrocientas personas se manifiestan frente a Villa PSOE
*
El alcalde de Villa PSOE denuncia a la asociación que destapó el escándalo
2009-05-29
(Libertad Digital) En un comunicado, José Carlos Piñeiro y Raimundo Piñeiro –miembros del SUGC que destaparon el escándalo de Villa PSOE, el complejo de viviendas de lujo a pie de playa en el que José Blanco tiene un ático y otros dirigentes del PSOE gallego ha comprado apartamentos– explican que el fiscal les ha dado la razón en el juicio por la querella que presentó el Alcalde de la Isla de Arosa, José Vázquez y otras personas vinculadas con dicha corporación del PSOE, por un supuesto delito contra el honor.
El Abogado del PSOE llegó al extremo de acusar a los denunciantes de Villa PSOE de ser culpables de que dicho partido perdiera las elecciones autonómicas Gallegas. Cuando, recuerdan en el comunicado, estos denunciantes "llevaron a cabo un acto de servicio público, en defensa de la justicia, al denunciar que se estaba levantado al borde de la arena de la playa un bunker de pisos con servicios de lujo, lo que supuso destruir un monte que se utilizaba por los vecinos y visitantes de la Isla de Arosa como uso público para descanso y como acampada".
Los denunciantes recuerdan asimismo que Villa PSOE "es para beneficio vacacional de una parte de la casta política, judicial etc; al mismo tiempo que se estaba procediendo al derribo de casas de ciudadanos (Tenerife, Marín, Pontedeume, Moaña, Cantabria, Etc), que llevaban construidas más de cincuenta años; y al mismo tiempo, el mismo PSOE, en el Gobierno bipartito de la Xunta de PSOE y BNG de Touriño y Quintana, había prohibido edificar en una línea de 500 metros a contar del borde de la costa". Por si fuera poco, añaden que "está previsto derrumbar (viviendas) en toda la costa gallega por aplicación de la legalidad vigente en materia del litoral".
En este sentido, explican los denunciantes que "en ningún caso la acción judicial contra los denunciantes de Villa PSOE ha significado y nunca ha tenido la atención de atentar contra el derecho al honor y la reputación de nadie; al contrario dicha denuncia significa un apoyo a la mejora del urbanismo gallego, frente al feísmo que ha arrasado buena parte de la costa y del citado paisaje. Además es absolutamente impresentable que esta destrucción del paisaje gallego, de la costa gallega se lleve a cabo por autoridades políticas y judiciales cuando lo que deberían es dar ejemplo".
Para finalizar, en el comunicado, recuerdan un grafitti del mayo francés que el abogado defensor de los denunciantes alegó en el procedimiento dando la vuelta a su significado primitivo: "Debajo de los adoquines sí estaba la playa.... y en este caso Villa PSOE".
PHIL SPECTOR, CONDENADO A 19 AÑOS DE PRISIÓN
SENTENCIA | Homicidio de una actriz
Phil Spector, condenado a 19 años de prisión
Spector (izda.), con su abogado, en el tribunal. | AP
Reuters | elmundo.es | Los Ángeles
Actualizado viernes 29/05/2009 21:19 horas
El legendario productor musical de The Beatles Phil Spector, declarado culpable de asesinato el pasado abril, ya conoce la pena a la que tendrá que enfrentarse: 19 años en prisión. En concreto, Spector ha sido condenado a 15 años por homicidio en segundo grado (sin premeditación) y a cuatro por posesión de armas.
Esto significa que Spector podría pasar el resto de su vida entre rejas, ya que actualmente tiene 69 años y no se contempla la posibilidad de salir de prisión antes de cumplir la pena íntegramente.
Un jurado de Los Ángeles declaró culpable de homicidio en segundo grado al productor musical por la muerte de la actriz de Hollywood Lana Clarkson en 2003. El veredicto llegó tras un juicio de cinco meses, y después de que el primer juicio, en 2007, los miembros del jurado no lograsen alcanzar una decisión unánime.
El crimen, con arma de fuego, tuvo lugar en 2003 en la casa del productor en la zona de Alhambra de esta ciudad californiana.
Spector había conocido a Clarkson —una actriz de películas de serie B— en el club donde ella ponía copas. Convenció a la chica de que lo acompañara a su residencia y, mientras el chófer esperaba fuera, Clarkson, de 40 años, recibió un disparo en la boca.
Spector insiste en que fue suicidio, pero justo después de los hechos dijo tanto a su conductor como a un agente de la policía que la había matado por accidente. "No quería dispararle. Fue un accidente. Tengo una explicación", aparece en el informe policial.
Spector revolucionó la música pop en la década de 1960 con su técnica 'Wall of Sound' o "muro de sonido".
Phil Spector, condenado a 19 años de prisión
Spector (izda.), con su abogado, en el tribunal. | AP
Reuters | elmundo.es | Los Ángeles
Actualizado viernes 29/05/2009 21:19 horas
El legendario productor musical de The Beatles Phil Spector, declarado culpable de asesinato el pasado abril, ya conoce la pena a la que tendrá que enfrentarse: 19 años en prisión. En concreto, Spector ha sido condenado a 15 años por homicidio en segundo grado (sin premeditación) y a cuatro por posesión de armas.
Esto significa que Spector podría pasar el resto de su vida entre rejas, ya que actualmente tiene 69 años y no se contempla la posibilidad de salir de prisión antes de cumplir la pena íntegramente.
Un jurado de Los Ángeles declaró culpable de homicidio en segundo grado al productor musical por la muerte de la actriz de Hollywood Lana Clarkson en 2003. El veredicto llegó tras un juicio de cinco meses, y después de que el primer juicio, en 2007, los miembros del jurado no lograsen alcanzar una decisión unánime.
El crimen, con arma de fuego, tuvo lugar en 2003 en la casa del productor en la zona de Alhambra de esta ciudad californiana.
Spector había conocido a Clarkson —una actriz de películas de serie B— en el club donde ella ponía copas. Convenció a la chica de que lo acompañara a su residencia y, mientras el chófer esperaba fuera, Clarkson, de 40 años, recibió un disparo en la boca.
Spector insiste en que fue suicidio, pero justo después de los hechos dijo tanto a su conductor como a un agente de la policía que la había matado por accidente. "No quería dispararle. Fue un accidente. Tengo una explicación", aparece en el informe policial.
Spector revolucionó la música pop en la década de 1960 con su técnica 'Wall of Sound' o "muro de sonido".
jueves, 28 de mayo de 2009
GARCÍA ANCOS, JUEZ Y PARTE EN EL CASO LIAÑO, DEFIENDE AL "RESPETABLE" GARZÓN
TRAS SER IMPUTADO POR PREVARICACIÓN
García Ancos, juez y parte en el caso Liaño, defiende al "respetable" Garzón
El ex magistrado del Supremo Gregorio García Ancos, cuya actuación en el juicio a Gómez de Liaño fue reprobada en Estrasburgo, dice que la admisión a trámite de la querella contra Garzón "no le agrada mucho". Del caso Liaño dice: "Eso ha pasado ya".
* Vídeo:
A García Ancos no le "agrada mucho" la investigación sobre Garzón
* Especial: Liaño, "un juez como ese"
*
Seis abogados piden al Supremo que corrija su decisión sobre Garzón
*
El ex presidente de la Audiencia califica la actuación de Garzón de "circense"
*
Garzón tendrá que declarar ante el Supremo como imputado por prevaricación
2009-05-28
L D (Europa Press) El ex magistrado del Tribunal Supremo, Gregorio García Ancos, miembro de la Sala Segunda que condenó al juez Javier Gómez de Liaño por prevaricación en un juicio que el Tribunal de Derechos Humanos calificó de parcial, dice que la admisión a trámite de la querella contra Garzón no le "agrada mucho".
En declaraciones a los medios al término de un acto en homenaje a los ministros de Justicia de la democracia organizado por el Colegio de Registradores de España, García Ancos destacó que la implicación del magistrado de la Audiencia Nacional en una investigación por prevaricación "es muy delicada" y a los jueces "hay que respetarlos más", y según recogre Europa Press, Garzón es un juez "respetable".
El ex magistrado de la Sala Segunda del TS --que mostró, a pesar de sus declaraciones, "todos sus respetos para el Supremo"--, no quiso referirse, no obstante, a su actuación en el caso de Gómez de Liaño que calificó como "historia pasada". "Eso ha pasado ya", reiteró.
Gómez de Liaño fue condenado en 1999 al pago de una multa y a la prohibición de ejercer cargos públicos durante 15 años. El pasado mes de julio el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos condenó a España a indemnizarle con 5.000 euros, en concepto de "daños morales" al considerar que no tuvo un juicio "independiente e imparcial".
La sentencia europea destacaba que los miembros del tribunal que le condenó, entre ellos García Ancos, intervinieron en numerosos actos de instrucción de la causa anteriores a la resolución final, entre ellos la admisión a trámite de la demanda en su contra. Añadía que Gómez de Liaño "no tuvo un juicio justo".
El tribunal de Estrasburgo destacaba además que magistrados que firmaron la sentencia del Tribunal Supremo, como el propio García Ancos o Enrique Bacigalupo Zapater decidieron no apartarse de la causa por iniciativa propia, a pesar de que Gómez de Liaño solicitó en dos ocasiones su recusación.
García Ancos, juez y parte
Estrasburgo se guió por el rigor jurídico –y sentido común– que en España faltó: un juez no puede haber sido parte en un proceso previo al juicio en el que participa. Por eso hay jueces instructores y de Sala. Pero a Javier Gómez de Liaño le condenaron Enrique Bacigalupo y Gregorio García Ancos, los mismos magistrados de la Sala Segunda de lo penal del Tribunal Supremo que antes habían confirmado su procesamiento rechazando un incidente de recusación y abierto la vista oral, siempre, con la firme oposición del fiscal José María Luzón.
En cualquier país que respete el ordenamiento jurídico, Bacigalupo y García Ancos no habrían tenido otra opción que abstenerse. Eran jueces y parte. Conocedores a priori de la causa. Sin embargo, y tras solicitar el amparo al Constitucional, nadie salvo el ponente, Pablo Cachón, interpretó que hubiera contaminación. El amparo fue denegado pese a que tres meses antes todo apuntaba a una estimación. El presidente De Parga se permitió, además, emitir un voto particular en el que deducía que aceptar el perdón (el indulto del Gobierno) anula el derecho de amparo. Su voto ocupaba veinte líneas. Era como una justificación. La discrepancia de Cachón, casi un alegato, echaba por tierra tanto el montaje del caso Sogecable como la insólita decisión de negar el amparo. Y eso que era el ponente de la sentencia.
García Ancos, juez y parte en el caso Liaño, defiende al "respetable" Garzón
El ex magistrado del Supremo Gregorio García Ancos, cuya actuación en el juicio a Gómez de Liaño fue reprobada en Estrasburgo, dice que la admisión a trámite de la querella contra Garzón "no le agrada mucho". Del caso Liaño dice: "Eso ha pasado ya".
* Vídeo:
A García Ancos no le "agrada mucho" la investigación sobre Garzón
* Especial: Liaño, "un juez como ese"
*
Seis abogados piden al Supremo que corrija su decisión sobre Garzón
*
El ex presidente de la Audiencia califica la actuación de Garzón de "circense"
*
Garzón tendrá que declarar ante el Supremo como imputado por prevaricación
2009-05-28
L D (Europa Press) El ex magistrado del Tribunal Supremo, Gregorio García Ancos, miembro de la Sala Segunda que condenó al juez Javier Gómez de Liaño por prevaricación en un juicio que el Tribunal de Derechos Humanos calificó de parcial, dice que la admisión a trámite de la querella contra Garzón no le "agrada mucho".
En declaraciones a los medios al término de un acto en homenaje a los ministros de Justicia de la democracia organizado por el Colegio de Registradores de España, García Ancos destacó que la implicación del magistrado de la Audiencia Nacional en una investigación por prevaricación "es muy delicada" y a los jueces "hay que respetarlos más", y según recogre Europa Press, Garzón es un juez "respetable".
El ex magistrado de la Sala Segunda del TS --que mostró, a pesar de sus declaraciones, "todos sus respetos para el Supremo"--, no quiso referirse, no obstante, a su actuación en el caso de Gómez de Liaño que calificó como "historia pasada". "Eso ha pasado ya", reiteró.
Gómez de Liaño fue condenado en 1999 al pago de una multa y a la prohibición de ejercer cargos públicos durante 15 años. El pasado mes de julio el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos condenó a España a indemnizarle con 5.000 euros, en concepto de "daños morales" al considerar que no tuvo un juicio "independiente e imparcial".
La sentencia europea destacaba que los miembros del tribunal que le condenó, entre ellos García Ancos, intervinieron en numerosos actos de instrucción de la causa anteriores a la resolución final, entre ellos la admisión a trámite de la demanda en su contra. Añadía que Gómez de Liaño "no tuvo un juicio justo".
El tribunal de Estrasburgo destacaba además que magistrados que firmaron la sentencia del Tribunal Supremo, como el propio García Ancos o Enrique Bacigalupo Zapater decidieron no apartarse de la causa por iniciativa propia, a pesar de que Gómez de Liaño solicitó en dos ocasiones su recusación.
García Ancos, juez y parte
Estrasburgo se guió por el rigor jurídico –y sentido común– que en España faltó: un juez no puede haber sido parte en un proceso previo al juicio en el que participa. Por eso hay jueces instructores y de Sala. Pero a Javier Gómez de Liaño le condenaron Enrique Bacigalupo y Gregorio García Ancos, los mismos magistrados de la Sala Segunda de lo penal del Tribunal Supremo que antes habían confirmado su procesamiento rechazando un incidente de recusación y abierto la vista oral, siempre, con la firme oposición del fiscal José María Luzón.
En cualquier país que respete el ordenamiento jurídico, Bacigalupo y García Ancos no habrían tenido otra opción que abstenerse. Eran jueces y parte. Conocedores a priori de la causa. Sin embargo, y tras solicitar el amparo al Constitucional, nadie salvo el ponente, Pablo Cachón, interpretó que hubiera contaminación. El amparo fue denegado pese a que tres meses antes todo apuntaba a una estimación. El presidente De Parga se permitió, además, emitir un voto particular en el que deducía que aceptar el perdón (el indulto del Gobierno) anula el derecho de amparo. Su voto ocupaba veinte líneas. Era como una justificación. La discrepancia de Cachón, casi un alegato, echaba por tierra tanto el montaje del caso Sogecable como la insólita decisión de negar el amparo. Y eso que era el ponente de la sentencia.
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