La ley catalana de educación, nacionalista y laicista, según organizaciones familiares
03/07/2009 | María Menéndez. Barcelona
La Ley de Educación de Cataluña, aprobada en pleno parlamentario, otorga a la Generalitat la competencia exclusiva en materia lingüística, por lo que determina que la lengua vehicular del sistema educativo sea el catalán. Con esto, blinda la inmersión lingüística en catalán e impide que se curse una tercera hora de castellano. Esta ley ha sido contestada socialmente con cuatro huelgas y numerosas manifestaciones y concentraciones. Ha tardado aproximadamente un año y medio en tramitarse, y su base fue el Pacto Nacional por la Educación (PNE), que firmaron una veintena de entidades y agentes educativos en 2006. Además, el Estatut ya establecía la competencia de una ley catalana.
Para Joan Garriga, miembro de la plataforma ‘Derecho a escoger’ la LEC es la “perpetuación del intervencionismo en temas de educación pues hay una falta de libertad total de los padres y, además, es un chantaje de la administración para las escuelas concertadas“. Con esta ley se pretende “la imposición de un cierto modelo lingüístico que impide que el castellano pueda ser una lengua vehicular”. Según Garriga, se ha hecho “muy rápido, sin consenso y con un claro interés nacionalista”, pero lo más grave para él es que los centros de iniciativa social no podrán desarrollar sus propios curriculums ya que dependerán de lo que les marque la LEC.
También considera que se pondrán dificultades a la asignatura de Religión porque la LEC obliga a que todas las asignaturas tengan una base científica. Según esto, Joan Garriga interpreta que la religión está prohibida porque “la fe no tiene una base así”. La ley recuerda que todas las asignaturas tienen que ir de acuerdo con los principios del Estatut, lo cual se pone en práctica en lo que respecta la orientación sexual, la perspectiva de género, el laicismo y la conciencia de pertenecer a la realidad catalana, entre otras.
Los conciertos educativos antes dependían de la Administración, pero la nueva ley discrimina a los que opten por un cierto modelo de educación ya que tendrán prioridad las aulas mixtas. “Las opciones en la educación no deben depender de la financiación”, explica Garriga, “el titular de la educación es el padre, él debe elegir, no la administración por él”.
La zonificación limita la libertad de elección
Jorge Buxadé, presidente del Foro Español de la Familia de Barcelona valora la LEC como “negativa”. “Todo lo malo del sistema anterior se recrudece con esta ley”. “Los derechos de los padres para decidir la formación religiosa están ninguneados, además, no pueden decidir los centros a los que enviar a sus hijos por la zonificación que hace que Barcelona quede territorializada”. Sobre la Religión, sostiene que es expulsada con esta ley porque el artículo 2.2 dice que las asignaturas tienen que tener una base científica y la Religión no lo es. “Esto muestra que lo que hay realmente detrás de esta ley es la ideología de la laicidad”, afirma.
Sobre los conciertos educativos, Buxadé considera que habrá una congelación del sistema. “Hay un cambio sustancial. Si un colegio cumplía los requisitos , se le daba el concierto. Ahora, los concertados, tendrán que aceptar el ideario que les impongan -explica a ALBAdigital-. Pienso en la revolución que traerá esta ley a los colegios concertados a los que no les concederán el concierto. Tampoco será fácil lograr nuevos colegios concertados. La administración quiere obligar a que todo sea por colegio privado porque es a lo que lleva esta ley”.
Por su parte, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, Concapa, Luis Carbonel, considera que la nueva ley vulnera derechos y libertades de los padres. Sostiene que será “un problema para todos aquellos que desean estudiar en castellano, que es la lengua materna” de nuestro país.
Antonio Arasanz, presidente de la ‘Federación de asociaciones de madres y padres de escuelas libres’, FAPEL, sostiene que “aunque lo que se ha aprobado no es lo ideal”, la lucha desde las escuelas concertadas, por trabajar con los partidos políticos ha valido la pena.
La ley tardará unos ocho años en desplegarse y el presupuesto total para su aplicación es de 1.038.456 millones anuales los primeros cuatro años y de 1.501.805 en ocho.
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