El juez Baltasar Garzón, en una imagen reciente, en la Audiencia Nacional. | Alberto
* El juez no informó de que iba a cobrar cuando pidió su licencia de estudios
* La ley sanciona como falta disciplinaria muy grave faltar a la verdad
* Recibió 21.650 dólares para la matrícula de su hija de Garzón
Una resolución del Tribunal Supremo ha permitido saber que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ocultó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el cobro de diversas cantidades durante su estancia en Nueva York entre marzo de 2005 y junio de 2006.
Dichos cobros procedían del Centro Rey Juan Carlos I de España y del Centro Derecho y Seguridad, ambos de la Universidad de Nueva York, donde participó en actividades docentes y de investigación. Entre otras cosas, organizó unos coloquios.
Concretamente, el magistrado percibió gastos de viaje por valor de 21.152 dólares por gastos de viaje, además de otros 21.650 dólares destinados por ese centro para pagar la matrícula de la hija de Garzón en la Escuela Internacional de Naciones Unidas.
Asimismo percibió, en "concepto de sueldo" otros 160.333,14 dólares del Centro de Derecho y Seguridad. En total, el dinero supera los 157.000 euros al cambio de entonces. El Supremo subraya que "no consta que el CGPJ tuviese en ningún momento conocimiento de que la actividad de docencia e investigación de Garzón fuese a ser retribuida en concepto de sueldo mediante nómina", ya que el juez no informó de que iba a cobrar ni cuando inicialmente pidió la licencia de estudios ni cuando con posteridad solicitó la prórroga de esa licencia. Tampoco pidió la compatibilidad de actividad.
"Tal situación cabe estimarla como determinante de consecuencias jurídicas y económicas", afirma el Supremo citando de manera expresa el artículo 417.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sanciona como falta disciplinaria muy grave faltar a la verdad en la solicitud de permisos y declaraciones de compatibilidad.
Por ello, la Sala Penal acuerda enviar una copia de su investigación al órgano de gobierno de los jueces "a los efectos que dicho Consejo estime pertinentes".
Aunque sí aprecia responsabilidad disciplinaria, el Supremo no ve relevancia penal en los hechos. Por ello, ha archivado la querella por prevaricación y cohecho interpuesta contra Garzón por haber rechazado una querella dirigida contra los responsables del Banco Santander. Esta entidad financió con 302.000 dólares las actividades desarrolladas por Garzón en el Centro Rey Juan Carlos I.
Por otra parte y respecto a la cacería, el Servicio de Inspección del CGPJ considera que Garzón no puede ser sancionado por haber compartido una jornada de cacería con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en la provincia de Jaén, por lo que ha propuesto a la comisión disciplinaria que archive la información abierta tras haber recibido el pasado mes una denuncia del PP.
María Peral | Madrid
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