LA PROPIEDAD, EN INTERNET, ES OTRA COSA

El proyecto de Berlusconi de llevar a la próxima cumbre del G-8 de julio de 2009 una propuesta para establecer una regulación internacional de Internet constituye una vez más una muestra de la incomprensión de lo que es Internet por parte de algunos gobernantes y poderes públicos.

La pretendida regulación se suele justificar principalmente mediante la idea de que es preciso proteger el derecho de propiedad en Internet frente a quienes usan la Red por ejemplo para bajar música gratuitamente, intercambiar archivos o acceder libremente a información radicada en el ciberespacio.

Sin embargo, la justificación más peligrosa, por falsa, es la que en boca de algunos gobernantes –Berlusconi entre ellos- equipara libertad con propiedad. Así, por ejemplo, el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, afirmó durante la entrega de los Premios FICOD 2008 que el sector de los contenidos digitales no puede avanzar si no se respeta la propiedad intelectual: "Disfrutamos de libertad en Internet, pero tiene que ser compatible con el derecho y el respeto a la propiedad intelectual".
El problema de la propiedad intelectual

Probablemente sería más eficiente pensar que habrá que hacer una relectura del derecho de propiedad, no sólo del derecho de propiedad intelectual –también del de propiedad industrial, por ejemplo- a la luz de la existencia de Internet.

Los gobernantes deben ser conscientes de que desde el uso masivo e intensivo de las redes ya nada será igual, tampoco en cuanto a la configuración de derechos y deberes, y menos aún en cuanto a aquellos derechos que, precisamente por su dilatada construcción histórica, precisan urgentemente de una puesta a punto o actualización que los haga eficientes en las redes del siglo XXI.

El derecho de propiedad que sirvió a ciudadanos del imperio romano, señores feudales, revolucionarios franceses, héroes de la independencia norteamericana y constructores del estado social y democrático de derecho, precisa de una adecuación al mundo digital: es el derecho el que va por detrás de la realidad y no al revés. No deberíamos modificar la realidad para adecuarla al derecho, ello sería volver al pasado.

El territorio, el tiempo y la estructura del ciberespacio son distintos de los territorios, tiempos y estructuras físicos. Ambos son reales aunque distintos. El territorio del ciberespacio permite la ubicuidad: puedo ser y estar en dos o más "territorios" (chats, por ejemplo) de modo simultáneo, algo que no puedo pretender, al menos por ahora, en el mundo físico a no ser que me comporte como una partícula cuántica.

El tiempo del ciberespacio otorga a nuestros actos virtuales una capacidad de difusión simultánea planetaria impensable hasta ahora: el correo electrónico que remito ahora desde Barcelona a Bombay es recibido prácticamente de modo instantáneo lo que permite vivir en un entorno realmente global.

Los mercados financieros tal como los conocemos –crisis incluidas- no podrían existir tal cual son sin esta posibilidad. La estructura del ciberespacio es también distinta de la del mundo físico: el poder constituyente de la red, esto es, la capacidad de crear y aplicar normas de comportamiento radica en los diseñadores y administradores de sistemas, no en los parlamentos ni en los sistemas políticos.
La necesidad de regular Internet

Con todo, a pesar de que la red se construye desde la base a partir de una perspectiva ciertamente individualista, a nadie se le oculta la necesidad de proteger el bien común –el procomún- en el ciberespacio precisamente para evitar que se convierta en una especie de relectura del lejano oeste dónde impera la ley del más fuerte y el ejercicio de los derechos cívicos deviene imposible.

En este sentido, obviamente es preciso regular Internet; sin embargo, esto es radicalmente distinto del hecho de querer establecer en Internet normas y sistemas regulatorios propios del pasado: la propiedad en la red no tiene por qué operar con idénticos mecanismos a los del imperio romano.

De este modo, tanto la propuesta de Berlusconi al G8 de "reglamentar el sistema de Internet en el mundo porque a Internet le hace falta una reglamentación", como las manifestaciones del ministro Sebastián, implican una voluntad manifiesta de querer regular la Red como si ésta no hubiera modificado profundamente la realidad, como si pudiéramos moldear la realidad a golpe de decreto.

El ciberespacio se regula esencialmente mediante mecanismos de autorregulación que encajan de modo coherente las más de las veces con regulaciones administrativas de ámbito estatal. La regulación supraestatal de Internet, curiosamente, sólo ha prosperado, en general, en cuanto afecta a cuestiones de seguridad, y cuando lo ha hecho siempre ha sido de un modo casi oculto y mediante mecanismos que suelen escapar al control democrático para terminar afectando a derechos como la intimidad o el secreto de las comunicaciones: es ahí donde resulta urgente la intervención pública.

Es preciso, y urgente, plantear mecanismos de autorregulación y de supervisión administrativa global en Internet para proteger el bien común. La propiedad, en Internet, es otra cosa.

Ramón J. Moles es Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Barcelona