PASO A LA LIBERTAD LINGÜÍSTICA

Paseo por el bucólico pueblo de Bidart, en el País Vasco francés, a poco más de veinte kilómetros de la frontera española y tristemente célebre como refugio de etarras. Conversación con algunos chavales, y una revelación sustantiva: «¿El euskera? En el Liceo lo puedes coger como asignatura extraescolar. Nada más». La jacobina república de Sarkozy no deja más resquicio a la supuesta lengua de Túbal, nieto de Noé, que el de las horas libres de los estudiantes, mientras a este lado del Bidasoa el «régimen» nacionalista lo ha venido convirtiendo en elemento de segregación, exclusión e imposición. Al menos, hasta marzo de 2009, mes en el que el resultado de unas elecciones puede -y debe- marcar un antes y un después: el tránsito de la irracionalidad a la sensatez, y no sólo en el País Vasco. También en Galicia.
El clamor cala en las urnas
El clamor ciudadano contra el acoso a la lengua compartida por todos los españoles ha calado en las urnas y se ha de traducir ahora en medidas políticas y en eliminar las «toxinas» de una movilización social que, nacida inocente, se había ido contaminando por injerencias políticas y desfachateces mediáticas. Así, tras la aparición de plataformas reivindicativas en Galicia, País Vasco, Cataluña y Baleares surgió el «Manifiesto por la lengua común» redactado por el filósofo e ideólogo de UPyD Fernando Savater. Irreprochable en sus términos, el texto fue manoseado y mal gestionado hasta el extremo de que muchos acabaron por no reconocerse en él, al identificarlo con los intereses de la académica «abajofirmante» Carmen Iglesias, decidida a convertirlo en patrimonio exclusivo del periódico para el que trabaja.
Pese a ello, los movimientos de partida respondían a un malestar real y ahora el cambio de rumbo está servido. Sólo ha habido comicios en dos autonomías, pero sus resultados han sido de hondo calado, al desnudar la irrealidad de esa «Otra idea de España» que a José Luis Rodríguez Zapatero le inspiró Suso de Toro: una España no ya invertebrada, sino ajena a la médula de una lengua común. Porque en demasiadas ocasiones bajo la protección de las mal llamadas «lenguas propias» (añagaza semántica inteligentemente desmontada por Irene Lozano en su ensayo «Lenguas en guerra» porque igualmente «propio» de cualquier rincón de España es el castellano), se han venido escondiendo intereses clientelares y resortes de poder, más que celo cultural en defensa de un valioso patrimonio.
Ciudadanos organizados
En las dos comunidades autónomas que ahora han votado los ciudadanos se habían organizado en estos dos últimos años para reivindicar la libertad lingüística y el derecho a escolarizar a sus hijos en la lengua materna. En Galicia, donde la convivencia del gallego y el castellano jamás había generado problema alguno, la irrupción del bipartito y su política educativa, condicionada por el BNG, generó tensiones e incluso una inédita violencia en las calles, de corte «borroka». Algunos miembros de la plataforma Galicia Bilingüe, nacida de ese malestar por la liquidación del castellano, sufrieron ataques y amenazas. Ahora, tras la victoria del Partido Popular, Gloria Lago, la portavoz de la entidad, advierte que «no bajaremos la guardia. Los que viven de la imposición lingüística, que son muchos, se están revolviendo para no perder la bicoca y las sustancionas subvenciones que han recibido en los últimos años. Así que se ya están produciendo los primeros pataleos para presionar al nuevo gobierno. El día 17 han convocado una manifestación». «Por eso -advierte- vigilaremos que Alberto Núñez Feijóo cumpla todos sus compromisos en materia lingüística, pues este asunto, junto con el del despilfarro, ha sido determinante en el resultado electoral». O sea, enumera, el Ejecutivo del PP «tendrá que hacer realidad la conversión de las «galescolas» en escuelas infantiles, la derogación del decreto del gallego en los primeros cien días de gobierno y la consulta a los padres ya en este próximo curso de la lengua en la que quieren que sus hijos reciban la enseñanza de las asignaturas troncales». Además, Galicia Bilingüe velará por que «los estudiantes gocen de libertad de idioma en la escuela, de tal manera que puedan utilizar el que deseen en su expresión oral y escrita y al hacer los exámenes». Mínimos de sentido común erradicados por el Gobierno saliente, que, según Lago, ha incurrido «en excesos tanto de imposición como de adoctrinamiento».
En el País Vasco esforzados padres (muchos de los cuales ni en el mejor de sus sueños creyeron posible el «vuelco constitucionalista») crearon hace dos años la Plataforma para la Libertad de Elección Lingüística, en respuesta a los despropósitos del todavía consejero de Educación de Eusko Alkartasuna, «Tontxu» Granados, de origen palentino. A espaldas de una tozuda realidad (en el País Vasco sólo el 15 por ciento de las conversaciones se produce en euskera) y por decreto (en concreto, el 175/2007 sobre el currículum escolar), Granados ha decidido la implantación de la lengua vasca como vehicular en todos los niveles educativos y la obligación expresa de «euskaldunizar» a los alumnos en todos los centros, tanto públicos como privados. Con el cuajo añadido de haber dictado otros tres decretos-apisonarora de imposición lingüística después del 1-M, justo antes de dejar de pisar moqueta.
Escollo en la negociación
Ahora, pese a que la cuestión del euskera en la enseñanza es uno de los mayores escollos en la negociación PSE-PP, el portavoz de la Plataforma para la Libertad de Elección Lingüística, Pablo Gay-Pobes, se muestra esperanzado ante la probable entrada en el nuevo Ejecutivo de la socialista Isabel Celáa como consejera de Educación. Celáa, que significativamente flanqueó a Patxi López junto a Rodolfo Ares y José Antonio Pastor en el reciente estreno de legislatura en la Cámara vasca, tiene en cartera un proyecto de enseñanza trilingüe (en castellano, euskera e inglés) que no es el que demandan los tres mil padres movilizados, porque podría dejar en manos de los colegios en qué proporción se imparten clases en cada una de esas lenguas «y quizá no se amolde a la libertad de elección que reclamamos», estima Gay-Pobes.
En todo caso, los padres ven luz al final del túnel y consideran apremiante «un gesto» por parte del nuevo Gobierno ahora que la entidad llamada «Kontseilua», dedicada a promover la normalización del euskera y situada en los aledaños de Batasuna, está enviando cartas a los colegios para instarles a que rechacen la retirada de los decretos de imposición de la lengua vasca. Sugerencia con un sustrato obviamente intimidatorio, aunque no vaya rubricada con el anagrama de ETA.

BLANCA TORQUEMADA | MADRID