EL BLINDAJE DE LA IMPOSICIÓN DEL CATALÁN EN LAS ESCUELAS SE VIERTE EN LEY

APROBADA EN EL PARLAMENTO REGIONAL
El blindaje de la imposición del catalán en las escuelas se convierte en ley
La Ley de Educación de Cataluña dibuja un modelo de escuela catalana en el que se blinda la imposición del catalán como única lengua posible en la educación. El PSC y los nacionalistas de CiU –con los que quiere pactar Rajoy– la han aprobado este miércoles en el Parlamento regional.


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2009-07-01

EFE

La ley, que este miércoles ha recibido la luz verde definitiva del pleno del Parlamento, crea el Servicio de Educación de Cataluña, integrado tanto por los centros públicos como por los privados concertados, a los que otorga derechos y deberes análogos. El principal deber es imposibilitar a los padres que elijan en que lengua son educados sus hijos. Esta norma blinda y promueve la imposición lingüística y hace caso omiso a la sentencias del Tribunal Supremo.

En el ámbito de la escuela pública, se refuerza el poder de las direcciones y se dota de más autonomía a los centros en el terreno organizativo, pedagógico y de gestión de recursos humanos y materiales, una de las novedades más cuestionadas por los sindicatos de docentes, que se han opuesto con contundencia a la ley. Por el contra, se impone a todos los centros, públicos y privados, el catalán como única lengua vehicular en la enseñanza.

Para asegurar la falsa "gratuidad" de la educación, la ley prevé que los centros concertados reciban una financiación suficiente –procedente de los impuestos de los contribuyentes, por lo que "la gratuidad" es una falacia– y prohíbe expresamente que se imponga a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones de cualquier tipo.

La ley también dibuja un marco laboral nuevo en el que desarrollarán su trabajo los docentes y crea un cuerpo propio controlado por la Generalidad de maestros y profesores, a los que se pedirá que además de dominar el catalán y el castellano acrediten un nivel de lenguas extranjeras determinado para poder ejercer en la pública.

Además, establece una agencia de evaluación que examinará tanto el rendimiento educativo como la ejecución docente del profesorado y la de la función directiva, y crea la carrera profesional de los docentes. En los centros públicos ubicados en zonas social y económicamente desfavorecidas, el gobierno podrá establecer un sistema de provisión de lugares de trabajo y de dirección de carácter extraordinario.

Ciudadanos y PP han votado en contra de la ley