Ante la nueva ley del aborto que se está preparando los médicos objetores denuncian que se le pretende hacer "entrar por el aro" y abocarles al dilema de plegarse a una ideología concreta impuesta por el Gobierno.
LD (EFE) La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia considera que la nueva ley del aborto trata de hacer "entrar por el aro" a los médicos objetores y abocarles al dilema de plegarse a una ideología.
En un nota de prensa, ANDOC cree que las conclusiones de la subcomisión que estudió la reforma de la ley del aborto responden "únicamente a motivos ideológicos, contradicen el ordenamiento constitucional y carecen de justificación ética, médica, y social".
En su opinión, la propuesta de una nueva ley de plazos supone un cambio trascendental, tanto en el modo de entender el aborto como en la posición de los profesionales de la Sanidad, en particular, en su derecho a la objeción de conciencia.
Actualmente, el aborto es un delito despenalizado en tres supuestos y los médicos que no lo realizan actúan "estrictamente en el terreno de la legalidad y de las normas deontológicas; si acaso, sólo cabría invocar la objeción de conciencia para rechazar su intervención en los supuestos despenalizados". En consecuencia, añade, "la negativa al aborto no es una práctica abusiva, sino una manifestación de buena praxis, legal y deontológicamente intachable".
Con la nueva ley, el aborto "pasaría de ser un delito despenalizado en ciertos supuestos a convertirse en un derecho limitado exclusivamente por unos plazos, y como acto médico exigible, quedaría el objetor en una situación de excepción".
Según la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, los términos de la propuesta de la subcomisión "parecen no tener otro objetivo que hacer entrar por el aro a los médicos objetores, abocarles al dilema de plegarse a una ideología o cargar con las consecuencias laborales o profesionales correspondientes".
La situación actual de los médicos "no ofrece demasiada escapatoria, toda vez que la mayoría son empleados de la sanidad pública". Por último, muestra su temor a que el Gobierno, para asegurar el buen "servicio", acabe instaurando un "'cuerpo' de médicos dedicados a tales menesteres: recurriendo, incluso, a la 'experiencia' de quienes trabajan en las clínicas privadas de IVE, ofreciéndoles, eso sí, un salario competitivo".
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