DENUNCIAS FALSAS POE MALOS TRATOS

Cuando el acosado es él

Denuncias falsas por malos tratos



ALBA Investigación

Un hombre acusado en falso se enfrenta a un calvario judicial

El pasado año, 75 mujeres murieron víctimas de la violencia de sus parejas o ex parejas y 6 hombres murieron en las mismas circunstancias, cinco a manos de mujeres y uno a manos de otro hombre.

Estos datos, del Consejo General del Poder Judicial, constatan el drama que la violencia doméstica y los malos tratos suponen hoy en España, casi cinco años después de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Y es que a pesar de esta ley, el número de mujeres víctimas de la violencia de sus parejas no sólo no ha descendido, sino que aumenta progresivamente desde 2003.

También desde la aprobación de la Ley, en diciembre de 2004, ha aumentado el número de denuncias por malos tratos y los nuevos Juzgados de Violencia contra la Mujer han conocido miles de asuntos relacionados con esta lacra social. Así las cosas, cabe preguntarse si tanto la ley aprobada como las partidas presupuestarias dedicadas -sólo el Plan Estratégico es cinco veces superior al presupuesto del Ministerio de Trabajo- están siendo efectivas, dado que el número de mujeres maltratadas sigue creciendo irremediablemente. Además, la nueva regulación legal ha originado otras víctimas, menos numerosas, pero existentes. Se trata de los hombres que sufren las consecuencias de una falsa denuncia de maltrato.

Hablar de este asunto en torno a los malos tratos es mencionar algo políticamente muy incorrecto, porque parece que quien así habla frivoliza sobre la realidad de muchas mujeres humilladas y maltratadas por hombres que conviven con ellas. Sin embargo, sin restar un ápice de importancia a esa realidad y subrayando que nada justifica la violencia, es necesario -vital para muchos afectados- arrojar algo de luz sobre un asunto tan silenciado como cierto.

A finales de 2004 se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, primera ley del Gobierno Zapatero y que, según reza su Título Preliminar (artículo 1), “tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. Es decir, una ley que sólo contempla la violencia del hombre contra la mujer, negando la posibilidad de que el hombre pueda ser víctima del maltrato.

Desde la puesta en marcha de esta norma son muchas las voces que alertan sobre la proliferación de denuncias por malos tratos de poca credibilidad. En una entrevista al diario La Razón en 2006, la entonces juez decana de Barcelona, María Sanahuja, reconocía que “miles de hombres son detenidos por casos que luego acaban en nada”. “No creo que proceder a la detención inmediata sea razonable sin realizar investigaciones mínimas, porque supone pasar dos noches en el calabozo, y eso causa traumas. No se puede actuar impunemente contra el hombre por el simple hecho de ser hombre, y se debe denunciar la vulneración de los derechos fundamentales que se está produciendo en nuestro país”. Sanahuja abundaba además en otra de las consecuencias del aumento de denuncias:”Actuando de esta manera indiscriminada, los jueces no somos capaces de detectar los casos más graves de violencia, mientras siguen muriendo mujeres”. Y es que, en el sensible caso de las denuncias falsas, hay dos grandes víctimas: el acusado en falso y las mujeres realmente maltratadas.

En octubre de 2008, el psiquiatra Juan Carlos Jiménez, presidente del comité organizador del congreso “Maltrato, psiquiatría y ley” reconoció que “casi el 40% de los hombres juzgados por violencia machista salen libres, debido a que la Justicia se equivoca, a la existencia de denuncias que no se pueden probar o porque las mujeres, en algunos casos aconsejadas por sus abogados, utilizan la ley de forma abusiva para obtener beneficios”. Mucho más allá va José Díaz Herrera, autor del libro El varón castrado. “En el primer año de Ley de Violencia de Género se ha detenido a 160.000 hombres sin pruebas y ante sus vecinos. Sin embargo, en nueve de cada diez casos se demuestra judicialmente que es inocente, pero le queda el estigma de maltratador”, dijo.
Los datos oficiales arrojan un porcentaje menor de no condenados. Según el CGPJ, en el último trimestre de 2008 los juzgados de lo Penal recibieron cerca de 30.000 asuntos sobre Violencia contra la Mujer;el 52,64 % fue condenado y el 46,8% fue absuelto. Más allá de las cifras, estos porcentajes hablan de miles de hombres, en muchos casos padres, que se ven separados de sus hijos y que cargan con el estigma de maltratador.

Para intentar entender algo en este caótico asunto de las denuncias falsas, cabría preguntarse ¿por qué denunciar en falso?, ¿qué gana la mujer con esto?

José Serrano asegura que esas denuncias se utilizan “como mero mecanismo de obtener ventajas de la ruptura de pareja, como medio de obtener privilegios y cobrar pensiones, como arma de venganza y reproche y lo que es peor, como instrumento para materializar y hacer posible el distanciamiento de los hijos de los padres, facilitando situaciones de alienación parental”. Y es que la Ley Integral -que cuenta con más de una decena de recursos ante el Constitucional-, además de haber demostrado una gran ineficacia en la lucha contra la violencia (juzgados saturados, casos sin importancia que retrasan los verdaderamente urgentes, partidas presupuestarias que no dan resultados…), sitúa al hombre en una situación de indefensión ante una denuncia falsa. Por eso, parece que a la Ley Integral podrían exigírsele algunas cosas: igualdad de trato para hombres y mujeres, contundencia y eficacia ante el maltrato y contundencia también contra denuncias falsas, que pueden arruinar la vida a más de uno.

Irregularidades en los Juzgados de la Mujer

Padre separado, acusado “de todo” por su mujer y sin poder ver a sus hijos, Francisco Zugasti, que sostiene su inocencia, ha emprendido una cruzada contra la discriminación que, en algunos casos, la Justicia ejerce sobre el hombre amparada en la nueva Ley de Igualdad.

Con una cámara oculta bajo el brazo, Zugasti acudió a uno de los juzgados de Violencia contra la Mujer de la Comunidad de Madrid en el que la juez Raimunda de Peñafort Lorente, “que se presentó de manera voluntaria para las nuevas plazas de Violencia contra la Mujer”, “conversa con una denunciante minutos antes de celebrarse la vista de su juicio”, según el escrito de queja que Zugasti presentó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En dicha grabación destaca la atípica insistencia por parte de la jueza a la justiciable para que “dé parte de la jueza”, acuda a ver a “Ana María [Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas]” en la calle Santa Engracia de Madrid. Zugasti asegura además que “la citada juez, ante la persona que le acompañaba, no duda en recomendar a la denunciante antes de entrar en la vista oral que alegue ‘maltrato psicológico’, lo cual es evidentemente una irregularidad grave que deberá ser valorada por el Servicio de Inspección”.

*Reportaje íntegro en el número 226 del Semanario ALBA, de venta en los quioscos.