Se recrudece la batalla por el P2P en Europa
Uno de los servidores de 'The Pirate Bay', en un museo sueco. | Efe
* La Eurocámara abordará la semana que viene el polémico 'paquete telecom'
* Francia vota el miércoles su polémica ley contra los intercambios en red
Pablo Romero | Madrid
Actualizado lunes 27/04/2009 14:39 horas
La Red está que hierve mientras se suceden las noticias sobre juicios, demandas y nuevas leyes que tratan de preservar los derechos de propiedad intelectual tal y como se conocen hasta ahora, frente a los intercambios en Internet. Por un lado, la industria tradicional de contenidos defiende su modelo de negocio y aumenta la presión para castigar a los usuarios de redes de descargas. Por otro, algunos colectivos de internautas denuncian la criminalización de la Red. Abróchense los cinturones, este mes se presenta intenso.
En una semana en la que Francia vuelve a votar la controvertida ley anti P2P, que no salió adelante durante la pasada Semana Santa por falta de quórum, el Parlamento Europeo se prepara para votar, el próximo 5 de mayo, el paquete de directivas sobre el sector de las telecomunicaciones que incluye una serie de polémicas enmiendas, bautizadas 'enmiendas torpedo'.
Estas enmiendas establecen, por ejemplo, una propuesta a los proveedores para que éstos decidan qué sitios y servicios ofrecen a los usuarios (una suerte de 'paquete'), algo contrario a los principios de neutralidad de la Red, según los detractores agrupados en 'Blackouteusp'. Es, en última instancia, una medida que dificultaría el intercambio de archivos en la Red.
Según el sitio de Hacktivistas, ya se han enviado más de 200.000 correos electrónicos a los eurodiputados en contra de estas 'enmiendas', que el Parlamento Europeo votará la semana que viene, en medio de las protestas que cruzan la Red.
Alemania, España, Francia
Mientras, en Europa todavía coletea el controvertido caso de 'The Pirate Bay' en Suecia, un célebre índice de archivos torrent cuyos responsables fueron condenados a una fuerte multa (que no pagarán) y penas de cárcel, acusados de fomentar la 'piratería' en la Red.
Al mismo tiempo, en Alemania el servicio de alojamiento web Rapidshare ha entregado a sellos discográficos datos de las direcciones IP desde donde se han subido material protegido con 'copyright', todo un giro en la estrategia ya que, hasta ahora, los esfuerzos legales se habían centrado en luchar contra las redes P2P.
Según informa Torrentfreak (vía The Inquirer), esta información se está usando para poner en marcha demandas contra quienes suben dicho material. Se trata, según las fuentes, de un uso 'extensivo' de la legislación germana sobre propiedad intelectual, que permite pedir a un juez una orden para solicitar a los ISP datos de usuarios de redes P2P.
En España, nuevas demandas contra sitios que aglutinan enlaces para descargar archivos han calentado el debate, tras la publicación de la primera condena penal contra uno de estos sitios, fruto de un acuerdo de la defensa con la acusación precisamente para evitar la vía Civil.
Y todo ello en medio de las negociaciones entre la industria de contenidos (La Coalición, con entidades como la SGAE o Promusicae) y las operadoras españolas, aglutinadas en Redtel, sobre los planes para atajar los intercambios P2P en España. Tras las últimas informaciones que descartaban cortes en el servicio a abonados y anunciaban que la lucha se centrará en las páginas de enlaces, El Periódico (Vía Banda Ancha) asegura que podrían aplicarse interrupciones de servicio para unos 4.500 usuarios responsables de que la mayoría de contenidos estén disponibles en la Red
Y mientras tanto, Francia se prepara para volver a votar en la Asamblea el próximo miércoles la controvertida ley contra la descarga no autorizada de contenidos audiovisuales en Internet, que no prosperó el pasado 9 de abril por la ausencia de diputados.
El texto, un proyecto personal del propio Sarkozy, incluye la creación de un Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet (Hadopi), con capacidad de sancionar al usuario que descargue 'ilegalmente' con la desconexión y obligarle a seguir pagando su conexión durante el período de sanción, después de haberle advertido por carta en dos ocasiones.
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