domingo, 26 de abril de 2009

EL PP QUIERE REFORMAR LA LEY PARA GARANTIZAR LA ENSEÑANZA EN CASTELLANO

El PP quiere reformar la Ley para garantizar la enseñanza en castellano



El PP defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica de Educación con el objetivo de que se incluya un nuevo capítulo en esta norma destinado a garantizar la enseñanza "del castellano y en castellano" en todas las etapas educativas. Así lo anunció esta semana en la Cámara Baja, la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, quien explicó que esta iniciativa "no va contra nada ni nadie, sino a favor de la libertad de elección de la lengua en que uno recibe su formación".

A su juicio, la "mejor manera" de respetar todas las lenguas cooficiales es garantizando esa libertad de elección y evitando que los poderes públicos "pongan trabas" en este sentido. Preguntada sobre si su partido aboga por un modelo segregacionista en la que en unas aulas se estudie en castellano y en otras en la lengua cooficial correspondiente, la dirigente 'popular' recalcó que lo que propugnan es un sistema "equilibrado que culmine con el aprendizaje de ambas lenguas" y que tenga muy presente la necesidad de evitar el fracaso escolar.

Por eso, insistió en la necesidad de que se tenga en cuenta, por ejemplo, lo que ocurre con los alumnos que tienen que escolarizarse temporalmente en una autonomía en la que se enseña en una lengua que desconocen.

Bilingüismo equilibrado y cordial

La intención del PP es que se cambie la ley vigente para que los padres puedan elegir "la lengua en la que se educa a sus hijos" en las comunidades bilingües. Según detalló la dirigente 'popular', en este texto su formación aboga por un "bilingüismo equilibrado, armónico y cordial" y por el respeto a la decisión de los progenitores.

En la iniciativa, que registró el pasado mes de enero y que someterá a debate el martes, el PP recuerda que la Ley Orgánica de Educación establece que al finalizar la educación secundaria obligatoria los alumnos deberán haber alcanzado la capacidad de "comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito" en castellano, pero sin especificar cómo se debe asegurar el logro de ese objetivo.

Al no existir una normativa estatal, argumenta el PP, la regulación del uso del castellano en el ámbito educativo se ha dejado en manos de las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, dando así lugar a una "enorme disparidad legislativa y un tratamiento desigual del uso del castellano en las diferentes etapas y las distintas áreas y materias educativas".

Los 'populares' esgrimen la propia Constitución y una sentencia del Tribunal Constitucional para defender la aprobación de una norma estatal sobre este asunto y plantea, en concreto, agregar tres nuevos artículos a la LOE. El primer objetivo que se marca el PP es que se garantice la enseñanza en castellano "en todas las etapas educativas", que las comunidades "haga efectivo ese derecho" y que este asunto "no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación". Así, apuestan por que en las autonomías bilingües se regule el derecho de elección de la enseñanza en lengua materna hasta los ocho años, que el castellano sea ofrecido, como lengua vehicular, en todas las etapas educativas "en igualdad de condiciones a la lengua cooficial" y que los padres que así lo quieran puedan optar por que sus hijos reciban toda su educación en castellano.

También en la enseñanza superior

También quieren regular las condiciones en las que se puede dispensar el aprendizaje de la lengua cooficial. Citan el caso de los alumnos que hayan iniciado sus estudios fuera de la comunidad autónoma de que se trate o a quienes acrediten su residencia "temporal" en la misma. Asimismo, contempla el derecho de los profesores y alumnos, en el ámbito de la educación superior, a utilizar, oralmente y por escrito, la lengua oficial de su preferencia. Por último, el cumplimiento de todas las garantías que el Grupo Popular quiere preservar a través de esta propuesta de reforma de la Ley de Educación deberá ser controlado por la Alta Inspección educativa

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