Durante la celebración de las III Jornadas Nacionales de Fiscales de Seguridad Vial, el Fiscal especial de Tráfico, Bartolomé Vargas, ha presentado una propuesta que ha llamado la atención: los fiscales pedirán a los jueces condenas de cárcel para los ingenieros de carreteras o funcionarios que sean responsables del diseño deficiente de una carretera y que por ello, se produzcan accidentes.
No obstante, podemos asistir con esta propuesta a una cortina de humo, puesto que como ha reconocido el propio fiscal adjunto a Vargas, Agustín Hidalgo, no es que se vaya a imputar de forma automática a la administración titular de una infraestructura en caso de que el mal diseño, construcción o estado de conservación de la vía haya sido la causante de un siniestro. Primero habría que demostrar que esa administración conocía la existencia de ese defecto en la carretera causante de los accidentes y que no se hizo nada por solucionarlo.
Sobre la viabilidad de esta medida, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, tiene claro que es muy poca. Arnaldo recuerda que “hay que distinguir entre la responsabilidad administrativa del titular de la vía por su mal estado y la penal“. Arnaldo recuerda que “ya hay numerosas sentencias de indemnización económica a conductores por accidentes ocasionados por carencias de la infraestructura“. Pero la atribución de responsabildiades penales es otra cosa porque “hay que demostrar quien es el responsable de una carencia en la infraestructura que haya provocado el accidente. Y esto no es nada fácil“. Por ello, Arnaldo recuerda que “sería mucho más útil poner en marcha las auditorías de seguridad vial. De esta forma sabríamos qué carencias tienen nuestras carreteras sin tener que esperar a que se mate la gente en ellas”.
No obstante, esta propuesta sí supone un paso adelante en cuanto a la sensibilización o motivación de los responsables de las carreteras para que se esfuercen en conseguir vías cada vez menos peligrosas. En este sentido, Vargas ha afirmado que “se impondrán sanciones penales para los funcionarios públicos que incumplan gravemente sus deberes en la construcción, mantenimiento y señalización de las carreteras”. La idea es que, por ejemplo, proyectar erróneamente una curva en la que reiteradamente se produzcan accidentes, acabe con el técnico responsable del diseño en la cárcel.
El marco jurídico en el que se asienta esta doctrina sería el artículo 385.2 del Código Penal, que prevé pena de prisión de seis meses a dos años o multas de 12 a 24 meses “al que originare un grave riesgo para la circulación no restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo”. Este artículo está en vigor desde 1962 pero nunca se había aplicado con esta perspectiva. Además, con esta nueva interpretación penal, no sólo los ingenieros o funcionarios de carreteras son susceptibles de inculpación penal si por negligencia o mal hacer profesional se producen accidentes de tráfico.También podrán ser procesados por dicha ley los titulares de la vía (Fomento, Comunidades Autónomas y Diputaciones Provinciales), las concesionarias, los contratistas, peatones y demás personas que puedan generar riesgo en materia de tráfico.
La carretera también mata
La propuesta de Vargas tiene la intención de que todas aquellas administraciones con competencia en carreteras extremen su celo profesional para que no se produzcan accidentes debido a un mal diseño, construcción o señalización de la infraestructura. Objetivo que no es en absoluto menor. Y es que según Automovilistas Europeos Asociados, en 2007 se produjeron 3.073 accidentes con víctimas en los 749 puntos negros existentes en nuestras carreteras. Murieron 171 personas y 5.227 resultaron heridas.
Con respecto a 2005, estas cifras suponen un incremento del 6% en el número de víctimas y del 0′59% en accidentes ocurridos en tramos peligrosos. En cifras totales, de un total de 5.111 víctimas de 2005 se ha pasado a 5.398 en 2007 en accidentes de tráfico provocados por mal estado de las carreteras.
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