viernes, 27 de marzo de 2009

EL SUPREMO OFRECE A LOS OBJETORES PISTAS PARA COMBATIR EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Una lectura positiva de las cuatro sentencias del Supremo sobre Educación para la Ciudadanía -conocidas el pasado martes- permite asegurar que, si bien el Alto Tribunal ha dado la espalda a los padres al no reconocer el derecho a la objeción, les ha otorgado no sólo la razón, al admitir la obligada neutralidad del Estado, sino también una pista -”más bien autopista”, según los objetores- que indica el camino a seguir para alcanzar sus objetivos.

Y es que si algo queda claro en los textos del Supremo es que el Estado debe ser neutral en lo que a formación moral se refiere. Así, tanto en las tres sentencias de Asturias como en la de Andalucía, el Pleno de la Sala Tercera explica que los proyectos, textos y explicaciones de Ciudadanía “deben moverse en el marco trazado de manera que el derecho de los padres a que se mantengan dentro de los límites sentados por el artículo 27.2 de la CE y a que, de ningún modo, se deslicen en el adoctrinamiento por prescindir de la objetividad, exposición crítica y del respeto al pluralismo imprescindibles cobra aquí también pleno vigor”.
El fundamento de Derecho (décimo en el caso de Andalucía y decimoquinto en las sentencias de Asturias) señala además que “cuando proyectos, textos o explicaciones incurran en tales propósitos desviados de los fines de la educación, ese derecho fundamental les hace acreedores [a los padres y alumnos] de la tutela judicial efectiva, preferente y sumaria que han de prestarles los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, los cuales habrán de utilizar decididamente, cuando proceda, las medidas cautelares previstas en la Ley de la Jurisdicción para asegurar que no pierdan su finalidad legítima los recursos que se interpongan”.
Cuestiones controvertidas
Y más; continúa la sentencia explicando que “el hecho de que la materia Educación para la Ciudadanía sea ajustada a Derecho y que el deber jurídico de cursarla sea válido no autoriza a la Administración educativa -ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”.
Por eso no es de extrañar que, aunque el Ministerio de Educación haya ‘vendido’ el pronunciamiento del Supremo como un punto final al pulso objetores-Gobierno, las plataformas que defienden el derecho a la objeción se vean más apoyadas que nunca. Así lo manifestaron en una rueda de prensa ofrecida el martes justo después de conocer las sentencias. El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, señaló que “la sentencia, incongruente en parte, ratifica nuestro derecho y deja vías abiertas para seguir defendiendo el derecho de los padres para que nunca en la escuela adoctrinen a nuestros hijos con convicciones ideológicas morales particulares que no sean las elegidas por los propios padres”.
En la misma línea, el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, ratificó el “firme propósito del movimiento objetor” de seguir adelante en la defensa de los derechos “que se han visto confirmados de manera explícita en estos fundamentos”.
“Ahora”, añadió Urcelay, “se trata de articular la defensa de este derecho a través de las nuevas vías que abren las sentencias”, que son, a su juicio, “dos muy claras”: la posibilidad de recurrir los decretos autonómicos -proceso iniciado ya en las comunidades de Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña y Andalucía- y “la impugnación directa de cualquier situación de adoctrinamiento que, con el pretexto de esta asignatura, pueda darse bien a través del proyecto educativo de los centros, de actos concretos de los profesores o de los libros de texto elegidos”. En este sentido el movimiento objetor señala dos aspectos importantes.

Por un lado, solicita a los centros docentes y a los profesores “la más exquisita prudencia a la hora de utilizar libros de texto, proponer contenidos o impartir clase” y, por otro, aconsejan a los padres “un cuidadoso seguimiento de estos temas y acudir a los tribunales cuando perciban el riesgo de adoctrinamiento en los libros o la escuela”.
Atomización del conflicto
Esta nueva -y complicada- vía, supone, para el responsable jurídico de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, la “atomización” del problema, ya que a partir de ahora “cada aula, incluso cada alumno”, puede ser objeto de un incumplimiento del deber de neutralidad del Estado.
Por eso, las plataformas objetoras esperan que este reconocimiento del Supremo sobre el peligro del adoctrinamiento sea suficiente para que el Ministerio reflexione y modifique la asignatura de manera que no atente contra la libertad de los padres al elegir la educación de sus hijos.
Desde las asociaciones educativas insisten en que el escenario tras las sentencias del Supremo es exactamente el mismo. Tanto la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece) como la Confederación de Padres de Alumnos (Concapa) manifestaron su intención de seguir apoyando las decisiones de los padres, sean las que sean.”No vamos a recomendar a nadie que vuelva a clase de Ciudadanía”, dijo Isabel Bazo, presidenta de Cece, que quiso recordar que la sentencia del Supremo afecta sólo a cuatro familias. Así, las nuevas vías de vigilancia de contenidos se unen a las antiguas de objeción a la materia, que siguen plenamente vigentes. (Cabe recordar que, conocido el fallo del Supremo, el número de objeciones presentadas a la asignatura continuó creciendo).

Por su parte, el presidente de Concapa, Luis Carbonel, subrayó la importancia que cobra el ideario del centro tras la sentencia y reiteró la necesidad de pactar los contenidos de la asignatura. “Los padres están demostrando que hay mucho interés en la educación de los hijos; sería de necios no escuchar este clamor. La educación española requiere serenidad y consenso y sería muy generoso por parte de la ministra de Educación tender la mano y modificar los contenidos de esta asignatura para que no sean molestos”.

Finalmente, Benigno Blanco se refirió a los votos particulares (muy numerosos en las cuatro sentencias), “que demuestran que la cuestión de Educación para la Ciudadanía no sólo es muy debatida, sino también muy debatible”, y aseguró que algunos de estos votos son todo un ejemplo de sensatez.

Rosa Cuervas-Mons

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