La negra realidad de los empleos verdes
Gabriel Calzada
España se ha convertido en los últimos años en el ejemplo mundial en materia de creación de empleos verdes relacionados con las energías renovables. Ya lo dijo Obama poco antes de su toma de posesión: «piensen en lo que está pasando en España».
El presidente norteamericano aseguró, en medio de una de las mayores crisis económicas de la historia reciente y que más trabajos se está llevando por delante, que las energías renovables «pueden crear millones de empleos adicionales e industrias completamente nuevas».
A quienes proponen generar empleos mediante energías verdes se les suele olvidar un pequeño detalle. Resulta que a día de hoy las principales formas de producción renovable necesitan enormes subvenciones para existir. De hecho, en lo que va de década, el dinero público entregado o comprometido por el Gobierno español en dar un empujoncito a las renovables se acerca a los 30.000 millones de euros. Con esa lluvia de millones que cae permanentemente sobre la industria renovable nadie se extrañará si generan empleo. La cuestión es a qué coste.
Lo importante, como diría el gran economista francés Frederic Bastiat, no es sólo el empleo que se ve sino, también, el que no se ve o, más bien, el que ya no se podrá ver. Cuando el Gobierno decide gastar el dinero del contribuyente en molinos eólicos o placas solares, en lugar de dejar que cada uno lo gaste en lo que quiera, veremos aparecer muchos empleos verdes, pero el coste será el resultado de otras actividades productivas que no llegarán a tener lugar y los empleos que no se crearán debido a la acción gubernamental.
Subvenciones
De acuerdo con las estimaciones europeas acerca de los empleos necesarios para mantener los megavatios renovables de potencia instalados en España (tanto directos como indirectos), cada empleo verde que el gobierno ha ayudado a crear ha requerido más de medio millón de euros en subvenciones. ¡Así cualquiera crea un empleo!
Desde ahora mismo me postulo para crear puestos verdes, azules o amarillos si el Gobierno me da un millón de euros por cada pareja de empleos que cree. Realmente no importará para qué les contrate, porque con ese dinero podría pagarles un sueldo superior al salario mínimo durante más años que la vida laboral de esos empleados. Así que a lo mejor se nos ocurre que una buena forma emplear su fuerza laboral es que produzcan energía tirando de un molino.
Si por un momento nos planteamos cuántos empleos se hubiesen creado en el resto de la economía (aquella que no está tan verde como para necesitar subvenciones) con esa suma de dinero, el resultado serán los empleos que han dejado de existir por el empeño en subvencionar una fuente de energía que aún no es eficiente.
Pues bien, en España resulta que por cada empleo que el Gobierno trata de crear con subvenciones, se destruyen, como mínimo, 2,2 empleos en el conjunto de la economía. Esta es la oscura realidad de los tan cacareados empleos verdes.
Y digo como mínimo porque ese cálculo no tiene en cuenta las deslocalizaciones que los elevados costes de las energías renovables están provocando y provocarán sobre las industrias intensivas en energía (al estar obligadas a comprar a un precio de pool en el que se incluyen las costosísimas renovables), ni los empleos que hubiese generado en la economía el capital que ha fluido hacia las renovables por el simple hecho de que aquí se encontraban las subvenciones.
A la luz de estos datos, los famosos empleos verdes son un camelo del discurso políticamente correcto. Estamos ante un esquema de redistribución de rentas a través del cual unos pocos se forran a costa del ciudadano de a pie. Hasta hoy, sindicatos y ecologistas son cómplices de este saqueo retrógrado.
Los primeros, ya se sabe, no representan a los trabajadores en paro cuyo empleo hubiese existido de no ser por los puestos de trabajo verdes. Sin embargo, deberían ir preocupándose por los empleos que se están deslocalizando por culpa de la elevada factura eléctrica que suponen estas fuentes de electricidad tan de moda.
Los segundos aceptan participar en este atraco a los que menos tienen para dárselo a unos pocos privilegiados porque están más interesados en acabar con las formas de producción energéticas de mercado (objetivo fundamental de su religión verde) que en el bienestar de las capas menos adineradas de la sociedad española.
El progreso económico, la creación de empleo y la más elemental noción de justicia deberían hacernos replantear la conveniencia del apoyo público a los empleos verdes.
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